A través de un proyecto que tomó estado parlamentario en la sesión del 16 de junio, el bloque Fuerza Cívica Riojana propone equiparar los montos correspondientes a la asignación familiar que perciben los empleados estatales de La Rioja con los montos que perciben por idéntico concepto los agentes dependientes de la Nación. Con el objetivo de garantizar la justicia social e igualar en derechos a todos los trabajadores del estado riojano, Fuerza Cívica Riojana confeccionó un proyecto de ley para equiparar las asignaciones familiares de los empleados públicos provinciales y municipales, con respecto a los empleados públicos dependientes del Estado Nacional. El mismo fue presentado en la última sesión, y fue girado a comisión por decisión del bloque oficialista. Las Asignaciones Familiares son una suma fija, que puede ser mensual o por única vez, que el Estado paga a los empleados con el fin de cubrir las contingencias sociales de cargas de familia. Pero la realidad indica que los montos que por tal concepto abona el Estado Provincial, son muy inferiores a los montos que por el mismo concepto abona el Estado Nacional a los trabajadores públicos nacionales; circunstancia por demás injusta. Con la aprobación y puesta en marcha de la equiparación, los empleados provinciales y municipales de menor categoría, pasarían de cobrar una asignación de 180 pesos a 837 pesos, mientras que las categorías que perciban más de 7500, tendrían una asignación de 649 pesos, que en la actualidad es de 90 pesos. La diputada Inés Brizuela y Doria justificó la importancia de este proyecto al manifestar que “No existe razón para la desigualdad en la percepción de las asignaciones familiares entre un empleado provincial o municipal respecto a un empleado público nacional”, motivo por el que solicitó el rápido tratamiento y aprobación a sus pares. Recordó además, que ésta fue una propuesta de campaña dentro de la plataforma de FCR, y se materializa hoy a traves del proyecto de ley. “Esperamos contar con el acompañamiento del oficialismo. Insistimos que el gobierno provincial debe replantear las prioridades de la inversión y el gasto público. Si tanto les importa la justicia social y la situación difícil de la clase trabajadora, deben empezar por traducir en hechos concretos esa preocupaciòn, ya que como peronistas saben que “Mejor que decir es hacer; mejor que prometer es realizar”.”- concluyó.
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