EN LA ARGENTINA, UNA SOCIEDAD FRACTURADA.

Tumultos, corridas, pedradas, policías, incendios, destrozos, saqueos. Esta película ya la vimos, dicen muchos. Pasó en la última época de Alfonsín. Pasó en los últimos días de la gestión de De la Rúa. Pasó durante el gobierno de Duhalde. Y ahora está pasando de nuevo, cada vez más. Es cierto, claro que es cierto, que hay necesidades básicas insatisfechas. Muchos habitantes de nuestro país (no importa si nacionales o extranjeros) no tienen vivienda digna, a pesar de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución desde hace más de medio siglo. Muchos no tienen empleo decente: en la década de 1990 se les impuso un régimen laboral precario y mal pago, a caballo de tercerizaciones y contrataciones fraudulentas. Muchos no tienen empleo en absoluto y, aparte de alguna esporádica changa, se ven obligados a vivir de subsidios que condicionan su conducta. Pero ¿por qué estas circunstancias, por todos conocidas, sobradamente irresueltas y normalmente acalladas, explotan de tanto en tanto con tal virulencia, precisamente en tiempos electorales? Esta pregunta da lugar a una explicación conspirativa: hay punteros (esos pequeños empresarios de la política, base de cualquier poder que les otorgue o prometa prebendas) que, oportunamente convocados desde la sombra de algún quincho, desatan la violencia para que alguien, el ocasional adversario que mañana podría ser su empleador, cargue con un costo político. Si así fueran realmente las cosas, esa sería la buena noticia. Porque puede haber otra mala. Es posible que, a fuerza de decepciones, los habitantes de nuestro país hayan comprendido que nadie los escucha si no ejercen la fuerza o la extorsión. Cortar calles, interrumpir rutas, bloquear vías, ocupar de hecho espacios públicos o privados, quemar neumáticos, exhibir palos y capuchas, destrozar fachadas, teléfonos y mobiliario urbano, aparecer en los primeros planos de la televisión llevándose cajas de zapatillas y botellas de cerveza saqueadas de negocios aledaños garantiza a sus perpetradores que, ante la exposición pública, el escándalo mediático y el consiguiente riesgo político, alguien los invitará al diálogo, los recibirá en un despacho, les dará algún subsidio a cambio de una tregua y acaso les prometerá vivienda, trabajo y cuanta cosa pueda ser derivada hacia un futuro incierto. Esta noticia es peor que la anterior porque supone la quiebra de la primera regla de la convivencia social, que -especialmente en democracia- consiste en el cumplimiento de la ley. Esta quiebra es grave porque se consolida en la cultura política y social de una comunidad y ya no puede revertirse sin graves costos y notables daños. ¿Hay algo peor? Sí, lo hay: que las dos interpretaciones sean correctas. En ese caso, tendremos una sociedad con sus hábitos de convivencia fracturados y una política que, en lugar de intentar arreglar el desastre, se vale de él y aun lo alienta para sus propios fines de corto plazo. En estas circunstancias, ya no importaría quién fuera gobierno y quién oposición: la sociedad entera estaría sometida a prácticas mafiosas convertidas en institución política permanente. A menudo se piensa que los hechos cotidianos, que los ciudadanos protagonizan y padecen, no tienen relación alguna con la reflexión filosófica, reservada a intelectuales alejados de la realidad. Nada más equivocado. No hay práctica, buena o mala que nos parezca, que no se inserte en una filosofía, así como no hay filosofía que no se traduzca en hechos y actitudes. Desde este punto de vista, es preciso recordar que el mundo de cada uno no termina en el choripán, ni en las próximas elecciones, ni en el resultado del balance anual de la empresa, ni en la cuota de poder que cada cual pueda compartir, por ahora, con amigos y parientes. Si es cierto que el hombre es un animal racional, será preciso, primero, tener reglas que todos respetemos para entendernos y discutir civilizadamente nuestros asuntos, sin ninguneos ni extorsiones. Y en ese ámbito, dialogar entre interlocutores de buena fe para llegar a acuerdos duraderos sobre los temas duraderos y a acuerdos transitorios para los problemas transitorios. Hay un marco para todo eso: la Constitución y las leyes. Y hay un método para zanjar las diferencias que no puedan acordarse: la representación democrática. El resto no es racional: es simplemente animal, con el perdón de nuestros colegas en la vida, cuadrúpedos, invertebrados o cubiertos de escamas.
El autor es director de la Maestría en Filosofía del Derecho de la UBAhttp://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338565

Ricardo A. Guibourg. Para LA NACION.