Según una editorial del diario La Nación, es inaceptable la presión y el maltrato del Estado nacional para con las provincias, a las que retiene fondos coparticipables. El llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una audiencia de partes entre el gobierno federal y la provincia de Córdoba ha exteriorizado en su gravedad la degradación sufrida por el federalismo con las dos últimas administraciones nacionales y, en particular, la de Cristina Kirchner. "Venimos a denunciar el intento de un asesinato: el asesinato del federalismo". Con esas palabras, que dramatizan el estado en que se encuentra la cuestión hoy en sede del más alto tribunal de justicia, se abrió la última de las sesiones, con la participación de reconocidos economistas, del congreso anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), realizado en Rosario. Antes de que Córdoba llegara a la Corte en reclamo de una importante deuda de la Nación, lo hicieron San Luis y Santa Fe. En las últimas horas, el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi, anunció que imitará a los cordobeses. Es cierto que algunos de los gobernadores más kirchneristas, como los de Mendoza, San Juan, La Rioja y Entre Ríos, se negaron a plegarse al reclamo al que invitaba el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien denunció un pacto fiscal con la Nación que ha perdido sentido desde el apoderamiento por parte de ésta de los fondos de jubilación privada. Tal acción se realizó entre invocaciones de defensa del interés de quienes habían ingresado por propia voluntad en el sistema destruido por completo. Ante los reiterados incumplimientos y abusos del gobierno nacional en la distribución de recursos indispensables para el funcionamiento de las administraciones provinciales, Córdoba ha reclamado que aquel vuelva a girarle su alícuota correspondiente al 15 por ciento de los fondos de coparticipación de impuestos que se retienen en beneficio de la Anses desde el pacto fiscal de 1992, que ha denunciado. Fue un pacto firmado a raíz del establecimiento, paralelo al preexistente de la jubilación pública, del desaparecido régimen de jubilación y retiros privados. Si aquellos cuatro gobernadores desairaron a De la Sota porque la connivencia con el gobierno nacional les acuerda un rédito compensatorio como para mirar hacia otro lado, es algo ajeno al principio básico en discusión. Está claro que el federalismo no es producto del criterio arbitrario de premios y castigos de la Casa Rosada, sino que tiene un fundamento histórico aun anterior a la Constitución Nacional. A partir de él las provincias se decidieron a integrar el gobierno central que les es común. El déficit fiscal de las provincias es de alrededor de 30.000 millones de pesos. O sea, si ellas logran que se les devuelva el 15 por ciento de la coparticipación federal de recursos de que se encuentran privadas, financiarían hasta el 81 por ciento de su pasivo. Ese 15 por ciento representa más de 24.000 millones de pesos. También podría decirse que, mientras el régimen de coparticipación de recursos acordado en los años 80 entre el presidente Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero establecía que a las provincias correspondería el 56 por ciento de la recaudación coparticipable, hoy ese porcentaje no pasa del 24 por ciento. El Estado federal está revestido de todos los atributos que lo hagan posible, pero con excepción de los poderes que no les hayan sido delegados por las provincias o que éstas -artículo 121 de la Constitución Nacional- se hubieran reservado por pactos especiales al momento de su incorporación. Ha sido notorio, por ejemplo, el maltrato sufrido por la provincia de Buenos Aires por deudas que la Nación se negaba a resarcir. Un gobierno nacional que falsea estadísticas, y estafa así a tenedores de títulos públicos, o que incumple sentencias de organismos internacionales de los que participa el país, no puede asombrar con aquella conducta. Sí, llama la atención que la controversia con Buenos Aires se haya solucionado en principio cuando las encuestas comenzaron a informar que la opinión pública estaba advertida de dónde residía la principal responsabilidad en la cuestión; otro tanto acaba de suceder, por iguales razones, con el absurdo paro de los subterráneos, dispuesto por delegados sindicales kirchneristas en desmedro de cientos de miles de pasajeros. La política de aprietes suscitada por el festival de decretos de necesidad y urgencia en que se funda la gestión oficialista en el orden nacional pretende gobiernos locales sumisos y no provincias a las que se reconozca la dignidad que merecen y ampara la Constitución. Desde 2003 hasta 2011, las transferencias discrecionales de recursos de la Nación a las provincias han pasado, según se informó en el congreso de Aapresid, de 43.000 millones de pesos a 84.000 millones. Quiere decir que se han duplicado y, no menos significativo que eso, el porcentaje de impuestos no coparticipables por la Nación se ha elevado, del 5,4 por ciento de fines de los noventa, a más del 23 por ciento en la actualidad. Desde luego que podrían hacerse observaciones de peso a la falta de responsabilidad fiscal con la cual no pocas provincias compiten con el gobierno nacional en gastos excesivos e improductivos. Se encuentra así abierto el debate sobre hasta dónde algunos estados provinciales resultan viables de no estar dispuestos a reformularse a sí mismos: entre otros, La Rioja, que no recauda por sus propios medios sino el 8 por ciento de lo que gasta. Es ese otro de los temas pendientes en el conflicto entre la Argentina real y la Argentina posible. Lo que ha subido en este preciso momento a escena es el de la vulneración del federalismo. Lo origina un Estado omnipotente, imprevisible, sin límites hasta en el anuncio prepotente de que "va por todo".
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