Dando respuesta a un pedido de audiencia efectuado ayer, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Claudio Saúl, recibió este jueves a los referentes de los gremios estatales y otros más agrupados en la CGT La Rioja, a fin de brindarles precisiones y aclararles los alcances del decreto provincial referido a situaciones extraordinarias que pudieran presentarse entre los agentes de la Administración Pública. El decreto tiene estado parlamentario al haber sido enviado a la Cámara de Diputados de la Provincia para su ratificación. Indicó que el decreto establece para aquellos empleados de la Administración Pública que se les inicie un sumario administrativo producto de alguna falta establecida en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 3.870 o que hayan incurrido en un delito, lo que trae aparejado el inicio de un sumario y la suspensión del agente, mientras dure la suspensión y no esté trabajando, el Estado puede suspender temporariamente los haberes por el término de 30 días, no quitárselos. Puntualizó que la medida se aplica dentro del marco de la racionalidad de la falta, por ejemplo si un empleado público defrauda al Estado en una Dirección de Administración, comete un delito, una agresión verbal o física contra su superior o un compañero de trabajo, o comete acoso laboral, se le inicia un sumario, se lo suspende y se le prohíbe que ingrese al establecimiento estatal, y en base a eso se elaboró este decreto, no se quita sino se le suspende temporariamente el salario. Actualmente el decreto posee estado parlamentario, por lo que serán los diputados provinciales quienes decidan en el ámbito legislativo. El ministro de gobierno también se refirió a la reunión que mantuvo con los diferentes gremios. Al respecto mencionó que “hay diferentes posiciones, algunos gremios no comparten en todo este decreto, otros dicen que habría que precisar cuáles serían las faltas graves”. Saúl consideró que también es materia pendiente “la constitución de una mesa de trabajo para tratar estos temas y fundamentalmente algo que es esencial y que es una deuda del gobierno, como es la sanción de una nueva Ley del estatuto para el personal de la administración pública central y descentralizada, porque la actual va a cumplir 40 años, si bien es cierto que en el tiempo se realizaron algunas modificaciones pero ahora debemos despojarnos de todos los intereses, porque hay muchos gremios con convenios colectivos y otros con leyes especiales, lo que ha obstaculizado la mecánica y así no llegar a una sola ley”, enfatizó. Respecto al decreto de necesidad y urgencia, Saúl afirmó que es una herramienta que tienen el Estado Provincial a través de la Constitución, ya que había algunos casos concretos donde existían procesos y sumarios que tenían 1, 2 y 4 años, y se seguía abonando el sueldo, se tomó la decisión de sancionar esto. Es así que todo se hizo dentro del marco de la Constitución. Asimismo recalcó que un decreto de este tipo es con acuerdo de gabinete, que va a la Legislatura para ratificarse, donde la Cámara lo tiene para su análisis y su posterior aprobación o no. Este decreto ya fue protocolizado, y enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
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