miércoles, 18 de noviembre de 2015

EL GOBIERNO DIO CONTINUIDAD A LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA TUTELADOS.

Se formalizó con la firma de un acta acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Autoridades Provinciales formalizaron la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Modalidades Especiales, con la finalidad de garantizar la continuidad de las políticas de terminalidad educativa a jóvenes y adultos en situación de tutelados del Patronato de Liberados. El Acta se rubricó el martes en horas de la mañana, en dependencias de la Secretaría de DD.HH. El documento fue suscripto entre el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela y el director de Modalidades Especiales, Carlos Lanzillotto. Acompañaron profesionales del equipo técnico de ambos organismos.Tal como lo expresa el acuerdo, las partes establecerán relaciones de cooperación para brindar ofertas académicas a los jóvenes y adultos que se encuentran en situación de tutelado del Patronato de Liberados. Con este instrumento, se facilitan las condiciones para que los tutelados finalicen sus trayectos formativos de la Educación Obligatoria Primaria y Secundaria en un contexto escolar adecuado para las prácticas pedagógicas así como el seguimiento, evaluación y sistematización del proceso de aprendizaje. “Es expresión de un trabajo que ya venimos realizando y concretamos en esta acta acuerdo”, manifestó Délfor Brizuela tras refrendarla. Y agradeció al Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Modalidades Especiales por la formalización de “una de las tantas actividades que venimos compartiendo”. Entre las acciones coordinadas mencionó aquellos contextos y situaciones de vulnerabilidad donde cada una de las áreas interviene “según las competencias”. En este caso específico, “son todas aquellas personas privadas de libertad que tienen distintas características penales y del proceso penal”, acotó. En tal sentido, el funcionario consideró que “el Estado garantiza el derecho –constitucional- a la educación aunque estén privados de libertad” y remarcó el alcance del área educativa a través de la escolaridad en contexto de encierro. Además mencionó que el acuerdo suscripto establece “el rol de cada uno de los organismos estatales” para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Desde DDHH se acompaña, fiscaliza y monitorea el proceso formativo “para que mutuamente alcancemos el objetivo de que las personas que han infringido la ley puedan recuperarse, reinsertarse y tener un proyecto de vida”. En otro orden, Brizuela resaltó que esta metodología de trabajo articulado entre instituciones “ha posibilitado que en un período de 2 años creciera la matrícula de jóvenes y la incorporación de muchos tutelados al sistema educativo”. Asimismo sostuvo que los resultados obtenidos responden al factor facilitador que otorgan los organismos. “Al ser facilitadores destrabamos situaciones que impiden el ejercicio del derecho a la educación y como espacio garantizamos el acompañamiento”, concluyó. En tanto, Carlos Lanzillotto manifestó su satisfacción que la Dirección de Patronato de Liberados quedó bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, “es un gran avance” –afirmó- “hasta hace un tiempo el Patronato era un área que no tenía dependencia y nos costaba mucho la articulación especialmente con la continuidad educativa de los jóvenes”. En este proceso de inclusión al ámbito escolar de los jóvenes y adultos bajo tutela, Lanzillotto resaltó la importancia de contar con el acompañamiento de DDHH “es un gran aporte que hacen de ayudar y apoyar en la viabilidad del quehacer educativo”. Destacó el avance que tuvo esta modalidad en estos últimos años con el seguimiento del equipo técnico-profesional de DDHH. “El seguimiento personalizado y motivacional desde las áreas intervinientes nos permite optimizar las acciones”, concluyó.

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