PAMI REFORZARÁ LAS MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES CON MEDICAMENTOS.

Prevé hacer frente a sus dificultades presupuestarias y mejorar la atención a los afiliados a partir de un salto de modernización que incluye la universalización de las recetas electrónicas a fines de este año y sumar en 2017 sistemas biométricos de identificación de los beneficiarios. “Casi todos los fraudes con medicamentos se realizan con recetas manuales, mientras los dispositivos electrónicos permiten generar trazabilidad sobre quién dispensa, el diagnóstico del afiliado, los medicamentos dispensados y los entregados por la farmacia”, precisó el coordinador del área de Planificación del PAMI, Ignacio Cosentino. El funcionario remarcó que la problemática del fraude con medicamentos “no se resuelve con un ejército de auditores que revisen a cada afiliado”, al hablar en un encuentro organizado hoy por la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Cosentino recordó que el afiliado del PAMI tiene beneficios que van desde 50% a 100% sobre el precio de los remedios, que en los últimos años fueron ganando preponderancia frente a las prestaciones: “hoy se accede con más facilidad al medicamento que a la prestación médica adecuada”, advirtió. Con respecto a la situación presupuestaria del Inssjyp (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el que se enmarca el PAMI), el funcionario admitió que “siempre los años de caída del salario real son difíciles, porque tenemos los ingresos atados a la lógica del empleo y del salario”. “La presión en los costos genera estrangulamientos y ciertas dificultades que son revertidas en los años en que cambia la tendencia”, agregó Cosentino. El PAMI -que maneja el quinto presupuesto más alto del Estado, que este año alcanza a casi $ 91.000 millones- atiende a más de 4,8 millones de afiliados, por lo que alcanza en forma directa o indirecta a 12 millones de personas, con 23.700 prestadores y 14.400 trabajadores. Si bien el Presupuesto 2017 elevará la partida a unos $ 100.000 millones, el Instituto -ente público no estatal con 628 agencias y 38 unidades de gestión local- contaría el año próximo con recursos por $ 108.000 millones, dada la masa de ingresos proyectada en relación con la masa salarial. La necesidad del Programa de controlar el gasto en medicamentos se relaciona con el peso de ese rubro en el presupuesto del Inssjyp, que este año supera el 27% (unos $ 27.400 millones, renglón sólo superado por las prestaciones, que ascienden a $ 29.000 millones). Cosentino destacó la importancia del convenio con la industria farmacéutica: “el aumento de precios en el primer semestre -definió- puso en jaque al Instituto y fue necesario sentarse a establecer un nuevo acuerdo con determinados techos presupuestarios”, que permitió aplicar rebajas de hasta 30% en medicamentos. “La crisis que hay en términos de costos, en el sector Salud -agregó el funcionario- es conocida mundialmente, inclusive con quiebra de financiadores”, por lo cual el PAMI impulsa “una nueva estrategia, no sólo por una cuestión de costos, sino de valor, vinculado al beneficio potencial”. “Nos preocupa la equidad en la oferta de servicios y apuntamos a una mejora en los quintiles (de población) menos favorecidos”, sostuvo Cosentino. Destacó luego los objetivos de “concentrarnos en una cobertura universal, de alta calidad, con responsabilidad, transparencia e inclusión, y sobre todo modernización, determinante para revertir el colapso”. “No puede ser que cada institución sea un mundo cerrado, hay problemas compartidos y la propuesta es generar sistemas centralizados de gestión”, ya que “la no sincronización y la falta de prevención deriva en discapacidades más adelantadas, que sin duda generan mayores costos”, agregó el gerente del PAMI. Destacó además el trabajo “en bases de datos, para combatir el fraude y mejorar la gestión; en “inteligencia sanitaria”; y en "tableros de comando estratégico en términos de planificación, para reducir la burocracia”. Cosentino puso de relieve por último, que este año se ahorrarán unos $ 2.000 millones al corregirse distorsiones en distintas áreas y subsanarse “la falta de control del padrón de afiliados, en contrataciones y en el sistema de derivaciones”.