CARLOS SANTANDER INVOLUCRADO EN UNA CAUSA DE ESTAFA AL PAMI.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento contra ex directores y síndicos del PAMI en tiempos en que su titular era Víctor Alderete, por el presunto delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública". El caso está vinculado con la contratación de una consultora de comunicación que prestaba servicios para el PAMI y por ese expediente también está procesado Alderete, ex titular de la obra social de los jubilados y pensionados durante el gobierno de Carlos Menem. Según un fallo de nueve carillas firmado por los integrantes de la Sala Segunda de la Cámara, Horacio Cattani y Eduardo Farah, seis ex directores y dos ex síndicos del PAMI habrían "incumplido con el deber de control en la contratación de una consultora para realizar tareas de comunicación, entre 1997 y 1999, por un monto superior a 25 millones de pesos". El contrato bajo investigación fue firmado por el PAMI con la empresa A.B. Grupo de Comunicaciones. "Existe prueba de que los directores han omitido cumplir con ese deber de control cuando analizaron las obligaciones abusivas firmadas por Alderete en el contrato inicial con esa empresa y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, deber cuya omisión –que a esta altura cabe reputar de maliciosa- también configura una conducta de posible reproche penal”, sostuvieron los camaristas. "En ninguna ocasión surge que los encartados (los síndicos y directores) hayan intentado interiorizarse sobre el desarrollo del contrato y, en su caso, evitar que se continuara perjudicando los intereses patrimoniales del instituto que ellos representaban", añade el fallo. Esa conducta causó "un daño sobre los bienes que les fueron confiados, razón por la cual corresponde confirmar el procesamiento de los encartados al hecho que se les endilga". El procesamiento alcanza a los ex funcionarios Domingo Petrecca, Eduardo Polemann, Dora Terrón, Santiago Tomaghelli, María Maina de González, Carlos Santander, Fernando Dapero y Carlos Morán, según informó la agencia DyN. Todos ellos podrían ser pasibles de una condena de un mes a seis años de prisión, prevista para quienes tuvieran "a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar un daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos".