LA VICE GOBERNADORA RATIFICÓ QUE NO HAY COMUNICACION ENTRE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO.

Un serio cuestionamiento al funcionamiento institucional del gobierno y la Legislatura hizo la vicegobernadora Teresita Luna, al cuestionar la decisión de los diputados oficialistas que, en diciembre pasado, modificaron el objetivo del plan social Familias Riojanas por la Inclusión, obligando a sus 3 mil beneficiarias a trabajar en alguna repartición estatal, para poder cobrar el subsidio de 300 pesos mensuales que les asignan para cuidar la salud y la educación de sus hijos. En ese contexto, Luna advirtió que se altera el espíritu del plan ideado por especialistas nacionales y luego aplicado en la provincia como en el resto del país y reclamó que "debió darse el debate previo a la sanción de la ley". Los diputados votaron en diciembre una ley provincial que alteró el contenido del plan Familias y ahora obligan a sus beneficiarias a cumplir tareas en alguna repartición estatal provincial para poder percibir el magro beneficio de 300 pesos mensuales que, en realidad, era un incentivo para que se aseguren de mandar a sus hijos a la escuela y a control médico periódico. La ley generó resistencia en las beneficiarias y en el propio gobierno. De hecho, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Azucena Ceballos, salió a rechazarla por las mismas razones que la vice Luna. "Esto no tiene que volver a pasar", remarcó Teresita Luna, al reclamar que "se consulte con los idóneos en el tema. Que recién ahora esté opinando la subsecretaria de Desarrollo Humano denota una falencia. Denota que no hay comunicación entre las áreas de gobierno y mucho menos entre los distintos Poderes del Estado", disparó la mandataria. Mientras tanto, grupos de beneficiarias del programa decidieron que se concentrarán frente a la Legislatura el día en que recomiencen las sesiones ordinarias para protestar contra la ley. "Es muy bueno que esto esté pasando", alentó la vicegobernadora al elogiar la reacción de la gente contra la ley inconsulta.