La decidida actuación de los activistas que se oponen al desarrollo minero en la provincia está generándole al gobierno de Luis Beder Herrera mas problemas de los que preveía e, incluso, cierto disgusto dentro de sus propias filas. En ese sentido, el lunismo -que sigue mostrando diferencias políticas e institucionales con el gobierno- hizo todo lo posible en las últimas horas para mostrar que la vicegobernadora Teresita Luna no está de acuerdo con la política represiva utilizada por el gobierno sobre los ambientalistas durante el acto de Chilecito, el jueves pasado. Y para ello, la mandataria no participó este lunes de la convocatoria de ministros y secretarios realizada por el gobernador en la Residencia Oficial. Luna no está de acuerdo con la política minera provincial y, además, aprovechó para que trascienda su malestar por la falta de respuestas del gobierno hacia los sectores de bajos recursos. Mientras tanto, las Asambleas Ciudadanas Riojanas, donde se agrupan los activistas contra la minería, han denunciado que "el Ministerio de Educacion bajó líneas a supervisores y directivos de colegios para prohibir a docentes tratar el tema de la mineria con los alumnos". Y que "a traves del Ministerio de Gobierno, se bajó línea a las áreas de su competencia para amordazar a asambleístas". Dicen que "el Jefe de Policia ha dado orden en su jurisdicción de advertir que se someterá a traslados laborales a destinos en pueblos lejanos, a empleados de ese cuerpo que han sido identificados como pertenecientes a las Asambleas". Y que "fuerzas de seguridad de civil no identificadas, se desplazan en autos sin chapa patente, con vidrios polarizados, haciendo el seguimiento a vehiculos de integrantes de las asambleas en forma intimidatoria". Dicen los activistas que, además, "se han incrementado en las últimas horas las amenazas de muerte anónimas a integrantes de las Asambleas" y que "hay compañeros que han sufrido emboscadas, apaleamientos, pedreas e incendios a sus bienes" Denuncian además que "se impidió el acceso de las Asambleas a los espacios públicos con vallados policiales" y que "se intentó detener con la policía a estudiantes que defienden la vida y distribuyen información". "Se expulsaron de los actos oficiales a periodistas por portación de ideas, se ordenó al Canal de televisión oficial omitir cualquier información en contra de la mega minería y se están cerrando rápidamente los espacios en radios y diarios", denunció la entidad defensora del ambiente.
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