LUEGO DE LOS INCIDENTES EN CHILECITO PIDEN LA RENUNCIA DE DOMINGO BORDÓN.

Los activistas contra la minería que forman las Asambleas Ciudadanas Riojanas, tras la represión sufrida el jueves en Chilecito, cuando la policía les impidió participar del desfile por el acto central del departamento, dieron a conocer un informe por el cual "hacen responsable al gobernador Luis Beder Herrera de ejercer una política de represión frente al derecho de libre manifestación de la ciudadanía, amparado en la Constitución". También lo acusan de "maltrato y detención ilegal de ciudadanos manifestantes en un acto público" y de "crear las condiciones para que alguien como el Comisario Luna (a cargo del operativo de seguridad en Chilecito), actúe con total impunidad". Las Asambleas responsabilizan además al primer mandatario de "digitar a los medios de comunicación bajo la amenaza de quitarles la pauta oficial, cuando existe una ley por la cual esa pauta “debe ser repartida de forma equitativa entre todos los medios”. Y de "promover el “negocio” de la minería que demanda millones de litros de agua, a sabiendas que es el recurso más escaso en nuestra provincia y en desmedro de otras actividades productivas". Los ambientalistas acusan al gobernador de "entregar miles de hectáreas de nuestro patrimonio para la explotación de uranio que representa riqueza para las empresas extractoras y miseria, devastación y enfermedad para el pueblo de La Rioja". Le reclaman también por "hegemonizar el poder al extremo de anular el funcionamiento de las instituciones y organismos que deberían regular el sistema democrático". Y dicen que, "por esta razón, el poder judicial y legislativo, no son poderes independientes como no son eficientes los organismos estatales destinados a defender los derechos de los ciudadanos con la complicidad de sus funcionarios". Las Asambleas Ciudadanas Riojanas consideran que "venimos sufriendo desde el principio de nuestra lucha, amenazas, apremios, despidos de compañeros, represión, querellas y detenciones ilegales". Cuestionan a los legisladores que "derogaron la Ley 8137 y sancionan a espaldas del pueblo la ley que permite explotación minera, esta afrenta es “directa”. Los ejecutores ( policía, gendarmería, legisladores, organismos intermedios, etc) manifiestan unánimemente que hay órdenes de arriba”. "Hacemos responsable al gobernador de lo hasta ahora acontecido y de la seguridad futura de todos y cada uno de los ciudadanos responsables que se manifiesten frente a las medidas del gobierno, haciendo uso de sus derechos constitucionales", advierten. Y finalmente, piden la renuncia del secretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón, "por incumplimiento de sus funciones".