EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE AUDIOVISUALES DEJA MUCHO QUE DESEAR DEL DICHO AL HECHO.

Existe una total incoherencia entre el decir y el hacer del Gobierno en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. La presidenta de la Nación ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley por el cual propone tardíamente la modificación de la legislación penal en materia de calumnias e injurias para adecuarla a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertades de opinión y expresión. De esta manera, pretende cumplir con la manda contenida en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de mayo de 2008, en el caso Kimel contra la Argentina.Se advierte en esta actitud una total incoherencia entre el decir y el hacer de este gobierno. Más aún, en temas tan delicados como son las libertades de prensa y expresión. Acostumbrados a las manipulaciones cínicas, como las del Indec, nada parece sorprendernos ya, cualquiera que fuere la impostura de que se trate. De allí, el castigo a la falta de credibilidad presidencial propinado desde las urnas el pasado 28 de junio.Se afirma en el mensaje en cuestión que el precedente Kimel se inscribe en tratar de limitar el uso de las figuras penales respecto a las manifestaciones periodísticas sobre "asuntos de interés público". "El pronunciamiento -dice- representa, sin lugar a dudas, un precedente emblemático sobre el derecho a la libertad de expresión en toda la región". Agrega que el proyecto apunta a "propiciar la absoluta despenalización de los casos en los cuales las expresiones se refieran a asuntos de interés público" y que "la presente propuesta encuentra su fundamento en la importancia que deben merecer las opiniones y valoraciones críticas y la trascendencia que adquiere la libertad de expresión en toda sociedad democrática, como baluarte del Estado de Derecho". Sin embargo, la realidad es otra. Muy distinta, por cierto. Funcionarios del entorno más cercano a la Presidenta operan abiertamente de espaldas a esos principios. Hasta tal punto que persiguen penalmente a periodistas por sus expresiones en asuntos del más claro interés público, que apuntan a consagrar el "delito de opinión" en actitudes que evidencian autoritarismo y perfiles despóticos en el ejercicio del poder. El propio director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE), Antonio Horacio Stiuso, fogonea en los tribunales una persecución contra responsables de este diario por opiniones críticas vertidas sobre él por su actuación en la investigación del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. Hay, además, distintas querellas, contra un ex ministro de Justicia y contra colegas del diario Clarín . Por similares circunstancias, se sigue un juicio contra otros conocidos periodistas, como Alfredo Leuco y Rolando Graña, de América TV. Nadie puede desconocer que aquel atentado terrorista en el que murieron 85 personas hace más de 15 años, sin que aún se haya descubierto toda la verdad, tiene interés público. No sólo nacional, sino internacional. Sin embargo, pese al reconocimiento que el Estado argentino hizo el 4 de mayo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la responsabilidad que le cupo por incumplimiento de sus deberes de prevención respecto del atentado, Stiuso continúa impertérrito con sus persecuciones penales. Otra notable contradicción entre el discurso y los hechos. Además de Stiuso, el jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, que curiosamente refrenda en su carácter de tal la iniciativa legislativa aludida, ha querellado recientemente -por calumnias e injurias, precisamente- al director de un diario judicial de la localidad bonaerense de Quilmes. Estas conductas persecutorias restan legitimidad y credibilidad al envío del proyecto de ley sobre calumnias e injurias en medio de un debate parlamentario con claros perfiles autoritarios de la llamada ley de radiodifusión. Es evidente que las conductas de los funcionarios que acusan y persiguen a periodistas de distintos medios por hechos que deberían estar expresamente amparados en los motivos expuestos en el mensaje del proyecto de ley sobre calumnias e injurias elevado al Congreso denuncian la enorme distancia entre los dichos y los hechos que caracteriza al Gobierno. La libertad de prensa y la libertad de expresión son, como se menciona en la iniciativa legislativa, baluartes del Estado de Derecho. Tales libertades deben ser promovidas y defendidas, más allá de la retórica, con hechos concretos y conductas coherentes, no sólo con discursos cosméticos y vacíos. Los funcionarios deberían ser llamados a la reflexión para que cesen de inmediato con sus persecuciones penales y se atengan, sinceramente, a los criterios democráticos que la administración dice defender. Esto supondría naturalmente desistir de querellas penales que evidencian un intento por demás grosero de intimidar y amordazar las libertades esenciales que están en juego, lo cual podría conllevar hasta la responsabilidad internacional del Estado.