UNA EMPRESA RIOJANA ES INVESTIGADA POR LA ONCCA POR SUBSIDIOS RECIBIDOS.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -ONCCA-, entidad que viene siendo cuestionada por diversas irregularidades presuntas que habría cometido en el pago de subsidios y compensaciones a productores rurales, volvió a quedar en medio de una investigación que, además, envolvió al empresario ganadero local Daniel Eduardo Foresi. Según refleja este martes la prensa nacional, en julio pasado la ONCCA pagó unos 10 millones de pesos en compensaciones a tres firmas que no habrían cumplido con los plazos impuestos por el propio organismo para iniciar los trámites. Buena parte de esos pagos corresponden al período 2007, cuando por Resolución 373/2008, la ONCCA determinó que no serían contemplados los trámites iniciados luego del 31 de enero de ese año. Pese a ello, el organismo habilitó sospechosamente los expedientes de una empresa avícola (Luján de Cuyo SA) y dos feed lots (a nombre de David Eduardo Foresi y Emprendimiento Agropecuario La Porteña). La evidencia de que esos trámites se iniciaron luego de la fecha de corte establecida en aquella resolución surge de las propias planillas de pago de la ONCCA, que fueron publicadas en el Boletín Oficial. Es que esos pagos figuran con un número de expediente generado a través del sistema informático Jauke, impuesto por el ex titular del organismo y hoy jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, recién a fines de 2008. A los pocos meses de asumir en la ONCCA, en abril del año pasado, Echegaray ordenó cambiar de sistema informático, y con esto generó nuevas denominaciones para los expedientes oficiales. El viejo sistema SIO -que establecía un correlato con el resto de la administración pública-, fue reemplazado por el “Jauke” y así cambió el criterio para la numeración de los folios oficiales. En estos tres casos, los expedientes fueron denominados por el nuevo sistema. Por Resolución 6463 del 27 de julio se le pagaron 5.291.078 pesos a Avícola Lujan de Cuyo SA, una planta ubicada de Mendoza. El número de expediente Jauke es el 1871/09, aunque el mismo no figura en el extenso registro de trámites que lleva la ONCCA. Los abultados subsidios corresponden a cinco meses de 2007 y a todo 2008. La ONCCA no podría haberlos pagado si cumplía con su propia resolución 373. El segundo caso sospechoso tiene por protagonista a un feed lot a nombre de Emprendimiento Agropecuario La Porteña, que por Resolución 6393 recibió 3.378.176 pesos por sus operaciones entre enero de 2008 y abril 2009. Si se aplicara la normativa de la ONCCA que puso un límite temporal al inicio de los trámites, no le correspondería cobrar todo el año pasado. En el registro que publica el organismo para el seguimiento de cada trámite, su número de expediente Jauke (25906818021) aparece vinculado recién al mes de enero de 2009. Según Clarín, uno de los feed lots más grandes del país, ubicado en La Rioja y perteneciente a David Eduardo Foresi, recibió finalmente 2.439.741 pesos por Resolución 6426 del 24 de julio, en este caso por compensaciones correspondientes únicamente a 2007. Su número de expediente Jauke (37560495507) sugiere que el trámite también se inició bastante después de la fecha de corte establecida. Aunque tampoco aparece en el listado que el organismo publica en su web. La situación es bien diferente a la de los otros dos casos de subsidios irregulares publicados por Clarín. Respecto del feed lot de Carlos Casares que cobró 10 millones, se sospecha que la ONCCA infló el número de animales bajo engorde, para así ensanchar las cifras del subsidio. En el segundo caso (los 3 millones derivados a personas de bajos recursos en Mar del Plata), se demostró que los feed lots no existían. Aquí, en cambio, los establecimientos funcionan, pero (correctamente o no) se les concedió un pago tramitado por fuera de los plazos legales establecidos por la propia ONCCA. La ONCCA tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario, en todo el territorio nacional. Entre sus funciones se incluye la facultad de instrumentar los mecanismos de compensación dispuestos por el Gobierno Nacional para el sector agroalimentario.