LA LEY NO TIENE IDEOLOGÍA.

Nuestro gobierno atraviesa problemas de su propia fabricación. En estos momentos se encuentra embretado innecesariamente en dos cuestiones espinosas: una de ellas puede resultar en problemas diplomáticos con Chile; la otra, en un conflicto institucional de envergadura. La primera tiene como antecedente un pedido de extradición que le requiere el Estado chileno, el cual, comprensiblemente, reclama soberanía para juzgar en su territorio a una persona acusada de cometer allí graves delitos durante la vigencia de la democracia. La Corte Suprema le ha allanado el camino al declarar que no considera esos delitos políticos, con lo cual al Gobierno le sería realmente fácil conceder la extradición, pues el más alto tribunal del país le ha dicho ya cuál es la interpretación que corresponde otorgar a la ley y al tratado internacional que rige la cuestión. Pero cuando la ideología entra a tallar, y a este gobierno le talla seguido, parecería que la ley se le desdibuja como instrumento destinado a ordenar conductas y determinar qué está bien y qué no. Entonces, en vez de respetar la decisión de la Justicia, empiezan a pesarle compromisos con entidades que considera aliadas, o ve en las palabras de los jueces imaginarias amenazas a la obtención de su victoria final contra la derecha, los monopolios, las corporaciones, el poder mediático y toda esa gama de enemigos que el Poder Ejecutivo necesita mantener en ese rol, como contracara de su seudocruzada épica. También ha visto como otro ataque a sus filas el último fallo de la Corte Suprema, que ordena que, de una buena vez, el gobernador de Santa Cruz cumpla con su obligación de reponer en el cargo al ex procurador Sosa. Vale destacar que ya en 2001 la Corte Suprema había fallado a favor de Sosa, pero sucesivas chicanas provinciales fueron retaceando su cumplimiento hasta que, en 2009, la Corte intimó al gobernador a que cumpliera con la orden. A pesar de esto, el gobernador no lo hizo (Sosa sigue sin asumir en el cargo), lo que forzó a la Corte a denunciarlo penalmente y a poner en conocimiento del Congreso Nacional tal circunstancia. En casos así no importa cuánta razón pueda haber tenido la Corte Suprema al dictar su fallo. Lo importante es que su acatamiento no debe ser puesto en duda. Si lo dice la Corte, se debe cumplir. Es inadmisible que un gobernador se niegue y es inadmisible también que funcionarios del Poder Ejecutivo respalden el alzamiento provincial. Será misión del gobierno de Santa Cruz imaginar la manera de hacerlo efectivo. Quizás indemnizando al funcionario que colocó ilegalmente en lugar del depuesto procurador Sosa, o vaya a saberse de qué otra forma. Nuevamente aquí la ley -interpretada por la Corte con carácter final- ha facilitado el camino y en el acatamiento del fallo no hay costo político que pagar. Por el contrario, respaldar la reticencia provincial generará fricciones innecesarias y enviará al pueblo el confuso e inconstitucional mensaje de que las sentencias de la Corte pueden no obedecerse. El problema es que nuestros actuales gobernantes ven todo con el prisma de su lucha revolucionaria. En ese marco, la ley deja de ser el instrumento de convivencia que los jueces interpretan, para convertirse en un factor más a sopesar en la batalla ideológica. Y entonces los crímenes caerán, o bien en la categoría de lesa humanidad, o bien de símbolo de lucha heroica, según el color de la camiseta del infractor. Tal vez sería bueno que nuestros gobernantes advirtieran que el cumplimiento de la ley no es de izquierda ni de derecha, y que hacerla realmente pareja para todos es la mejor manera de sentar las bases para una convivencia pacífica y sin resentimientos.

Alejandro Carrio y Alberto Garay para LA NACION