El Consejo de la Magistratura inició el proceso de investigación de la denuncia por mal desempeño presentada en contra del juez de Instrucción de Chilecito, Alfredo Ramos, en la que se solicita la apertura del Jury de Enjuiciamiento al magistrado por su supuesto mal accionar en el caso de la venta ilegal de tierras en la localidad de Valle Hermoso. El organismo sesionó este miércoles y resolvió que la Comisión de Disciplina e Investigación integrada por Héctor Durán Sabas como presidente y los diputados Sergio Casas y Ángel Páez inicie la investigación para que en un plazo de 15 días hábiles eleve el informe respectivo (que no tiene carácter vinculante) para que sea analizado por el Consejo y determine su corresponde o no la apertura del Jury de Enjuiciamiento. Tal como se especulaba, de acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados en contra del juez Ramos, el Consejo de la Magistratura dispuso la investigación del caso para contar con los elementos que surjan en esta etapa y decidir la apertura o no del juicio de remoción del magistrado chileciteño. La apertura del jury de enjuiciamiento debe ser resuelta por los dos tercios de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En la actualidad, por ausencia de dos miembros del Consejo (Ángel Avila y el diputado Nicolás Martínez) se integraron al plenario los miembros suplentes Luis Pertile y el diputado Néstor Bosetti respectivamente. Además, lo integran los diputados Sergio Casas y Ángel Páez; el asesor de Gobierno Héctor Durán Sabas y la secretaria de Gobierno, Graciela Nader; el juez Roberto Pagotto (en representación de la Asociación de Magistrados) y el abogado Raúl Galván (h) (del Consejo de Abogados y Procuradores). La aceptación de la denuncia contra el juez Ramos por parte del Consejo tiene una significación especial por cuanto, en caso de decidir el organismo la apertura del jury de enjuiciamiento, sería el primero desde que se creó este Instituto en la reformada Constitución Provincial. Desde su conformación, sólo hubo un pedido de jury de Enjuiciamiento a un juez de Arauco que fue rechazado in limine en virtud de la decisión del Consejo de hacer prevalecer lo institucional por encima de cuestiones políticas.
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