El fiscal de Estado pampeano, Alejandro Vanini, presentó en la tarde del miercoles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nombre de La Pampa, un pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial que extendió la vigencia del régimen de Promoción Industrial a cuatro provincias. En el mismo trámite radicó también una medida cautelar para frenar la vigencia del decreto. De esta manera el gobierno de Oscar Jorge busca presionar para que La Pampa sea incluida en ese régimen que otorga beneficios impositivos a la radicación de industrias. Fuentes de la Casa de Gobierno pampeana explicaron que “el decreto 699/10 al prorrogar los beneficios de la promoción industrial por quince años para determinadas provincias y no para todas incurre en la misma exclusión que ya tenía la anterior ley y que ya la hemos cuestionado”. Esto último en referencia a la demanda que La Pampa presentó en el año 1997 contra el Estado Nacional, pleito que fue resuelto recién el año pasado con la firma de un acuerdo por el cual la Provincia recibió 500 millones de pesos a cambio de frenar ese juicio. Sobre la actividad que cumplió el fiscal de Estado, explicaron que la acción de inconstitucionalidad tiene por fin impugnar una norma que resulta contraria a las disposiciones de la Constitución. “La medida cautelar es para que no se siga produciendo ese acto administrativo (decreto) hasta que se resuelva el pedido de inconstitucionalidad”, especificaron. A mediados de año, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 699/10, dispuso la prórroga por quince años de la promoción a San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan. Otorga quince años de prórroga a las fábricas promocionadas, a las cuales se les estaban por vencer los beneficios impositivos (el pago de sólo una porción del IVA, Ganancias y el gravamen a las importaciones). Esto generó la lógica reacción del sector industrial pampeano, que a través de UNILPa le pidió al Ejecutivo Provincial que demandara el mismo tratamiento en materia impositiva. Reclamaron que el gobernador Oscar Jorge presente una demanda contra Nación por una suerte de discriminación hacia la provincia de La Pampa. Además, hace una semana el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, anunció que la presidenta Cristina Fernández había extendido ese beneficio a siete departamentos de su provincia: General Alvear, Las Heras, Lavalle, La Paz, San Rafael, Malargüe y Santa Rosa. La extensión del decreto no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que la promoción industrial para Mendoza fue puesta en duda. Se aguarda con expectativa el regreso al país de Cristina Fernández, previsto para este miércoles o jueves, para conocer si efectivamente Mendoza gozará de ese beneficio y qué pasará con el reclamo pampeano.
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