JORGE YOMA PRESENTA PROYECTO PARA ESTABLECER JUICIOS ABREVIADOS.

La iniciativa impulsada por Yoma establece "el rápido juzgamiento de los imputados" en ese tipo de hechos y propone además que esos juicios se realicen "en un plazo no mayor a un año". De acuerdo al texto, "los jueces deberán priorizar la investigación y el rápido juzgamiento de los delitos cometidos contra las personas con violencia o uso de armas debiendo realizar los juicios en un plazo no mayor de un año". "El proyecto busca además limitar las excarcelaciones y la eximición de prisión, sólo en este tipo de delitos", afirmó el legislador por La Rioja en declaraciones a Télam. La iniciativa establece además que, en los casos de violencia o uso de armas, los jueces "podrán restringir la libertad de los imputados con el fin de asegurar una rápida investigación, evitando el entorpecimiento del proceso". En cualquier caso, la detención "no podrá prorrogarse más allá de un año, siempre que no persistan razones que evidencien que el imputado intentará eludir la acción de la justicia". Reveló que pidió "el urgente tratamiento de este proyecto en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que están a cargo de la oposición para que no se pierda más tiempo en iniciativas que no tienen ninguna eficacia como el de las salideras y se aboquen a discutir temas de fondo". "Estamos exigiendo que la oposición se aboque a tratar temas trascendentes y no pavadas", afirmó Yoma. Yoma propone, por otro lado, que se unifiquen los Códigos de Procedimiento Penal de todo el país, en lo que hace a restringir las excarcelaciones. En ese sentido, Yoma dijo que el viernes pasado se reunió con el ministro de Justicia, Julio Alak, para pedirle que el gobierno nacional convoque a un pacto federal para que se unifiquen todos los códigos de procedimientos del país. Asimsimo, el legislador por La Rioja presentó otra iniciativa para que se reglamente el juicio por jurados como proceso penal en todos los delitos graves y se establezca de ea manera la participación de la sociedad en la sanción de los delitos vinculados contra la integridad física de las personas.