A 4 AÑOS DE LA SUSPENSIÓN DE MAZA

El domingo 13 de marzo se cumplirán cuatro años de la suspensión de Ángel Maza como gobernador, que derivó en la destitución. La Rioja estuvo en todos los medios nacionales y en los principales del mundo por lo que fue también el pedido de intervención y el atrincheramiento. El Independiente sirve como un buen archivo para recordar lo que pasó el 13 de marzo de 2007. Ese día, la Sala Acusadora suspendió en sus funciones al gobernador Angel Maza y al fiscal de Estado, Alfredo Pedrali, y excluyó del juicio político al secretario General de la Gobernación, Roberto Catalán. En forma sorpresiva a minutos de que comience la sesión, el ahora suspendido primer mandatario provincial, irrumpió en la sesión y pidió a los diputados el derecho a defensa. En un último intento por evitar que la Sala Acusadora lo suspendiera, el gobernador Angel Maza, irrumpió en la Legislatura, interrumpió la sesión y pidió a los diputados una oportunidad para defenderse. En cuestión de minutos, Maza con su aparición en la Legislatura, transformó la sesión de la Sala Acusadora que había comenzado con normalidad, en una inédita y confusa situación. Mientras la secretaria de la Sala Acusadora, María Illánes de Machicote, leía el dictamen por la mayoría de la Comisión Investigadora, Maza fiel a su estilo de las últimas semanas, irrumpió en el recinto legislativo, se paró al lado del presidente de la Sala Acusadora, manoteó un micrófono y pidió a los diputados que le den la oportunidad de defenderse. A pesar de la irrupción y la confusión reinante, la funcionaria legislativa, continuó con la lectura del dictamen, hasta que, el presidente de la Sala Acusadora, diputado Sergio Casas, autorizó que hablaran los diputados Jorge Machicote y Ramón Vera que desde su banca sostuvieron que el Gobernador no podía interrumpir la sesión. En ese momento, Maza manoteó uno de los micrófonos y se dirigió a los diputados pidiendo derecho a la defensa. En esos segundos de confusión entre Maza que hablaba, los diputados que intentaban decir que no correspondía la presencia del Gobernador en el recinto, y el bullicio del público presente, Maza dijo que "quiero tener el derecho a defenderme e informalmente conversar estos temas". Consideró que "es una situación que merece la comunidad que me den la oportunidad de poder conversar". Seguidamente, Machicote dijo que "tiene todo el derecho (...) le pido que si quiere hacer uso de la palabra gustosamente se la vamos a dar". Entre silbidos Maza dijo que "soy el gobernador quiero pedirles que hagan un cuarto intermedio, que escuchen. Quiero ponerme a disposición de esta Sala Acusadora para aclarar pero no lo vamos a manejar como una barra de fútbol (ante los abucheos) me parece que no es conveniente, esto es mucho más importante para la Provincia". Añadió que "es importante que escuchen los argumentos de quien está gobernando la Provincia, creo que va a servir mucho para la decisión que están tomando". Al pedido del gobernador, los presentes gritaban "que se vaya", y finalmente Machicote dijo que "la Legislatura es una institución democrática, no actuamos por la fuerza" y le pidió a Maza que los deje terminar con la lectura de los dictámenes y una vez finalizado, concederían el cuarto intermedio solicitado y en una reunión privada escucharían la explicación. Acto seguido el Gobernador permaneció sentado en el recinto hasta que finalizó la lectura de los dictámenes. La reunión hasta ese entonces entre el Gobernador en funciones y los diputados de la Sala Acusadora se extendió por casi media hora, a la salida Maza fue silbado e insultado y en contacto con la prensa dijo que los diputados le contestaron que van a "evaluar" la situación. Media hora después la Sala Acusadora en forma unánime lo suspendió junto al fiscal de Estado. Maza acotó que "tengo dignidad, he venido solo a darles la cara y asegurarles que no está en mi ánimo, ni estuvo, evadir ninguna investigación". Señaló que le hubiera gustado que los diputados tuvieran el "decoro" de preguntarle sobre la situación. Maza y Pedrali fueron suspendidos por “mal desempeño en sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delito común”. La acusación del ex administrador de Bienes Fiscales, Luis Carreño, quien solicitó el juicio político, se basó por el acuerdo transaccional que celebró el Gobierno Provincial con Jorgelina Gaitán, a quien se le traspasó la titularidad de 45 hectáreas y se le pagaron 220 mil pesos por tierras (conocidas como las tierras del Golf) inscriptas a nombre del Estado Provincial. La acusación se fundamentó en que el Gobernador y los funcionarios se arrogaron facultades que le corresponden al Poder Legislativo ya que para la cesión de tierras del Estado Provincial se necesita la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Diputados. Una vez suspendido el Gobernador, y el fiscal de Estado, los legisladores eligieron a los diputados Jorge Basso, Jorge Machicote y Ricardo Arroyo, para que sostengan la acusación en la Sala de Sentencia que deberá fallar en el término de treinta días ya sea absolviendo o destituyendo a Maza. Después del cuarto intermedio y antes de que los diputados en forma unánime votarán la suspensión del Gobernador y del fiscal de Estado, los diputados Roberto Brizuela, Jorge Machicote, Jorge Basso y Alberto Paredes Urquiza fundamentaron su voto favorable a la suspensión y aseguraron que Maza tendrá derecho a la defensa en esta instancia que comienza del juicio político. En este sentido, el diputado Roberto Brizuela, dijo que en el proceso de juicio político va a tener la instancia de defensa. Señaló que "no es que nosotros pretendamos que se lo destituya ya sino que solicitamos la suspensión para que en este proceso justifique al pueblo que no se ha cometido ilícito". Por su parte, el diputado Jorge Machicote, acusó de que hubo "amenazas" e "intentos de sobornos y compra de voluntades de los diputados" para que la Sala Acusadora no funcione. Solicitó que se excluya al secretario de la Gobernación, Roberto Catalán, del proceso de juicio político, porque no es ministro y la Constitución establece que podrán ser sometidos a juicio político los ministros. Explicó que la exclusión de Catalán del enjuiciamiento es para "evitar confusiones." Acotó que "no quiero que se malinterprete que estamos defendiendo a nadie". Solicitó que se unifiquen los dictámenes y que se someta a votación el que fue elaborado por el conjunto de la comisión investigadora teniendo en cuenta que Basso por la minoría consideró esta situación de Catalán en su dictamen. También Machicote acusó al actual secretario de Seguridad, Jorge Viñas, en carácter de abogado de Jorgelina Gaitán, de presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se declare inconstitucional la ley de transferencia de tierras para poder cobrar siete hectáreas por el juicio sostenido en detrimento del Estado. "Esto da muestras claras y acabadas de que acá hubo negociado con tierras del Estado Provincial", aseguró Machicote. En tanto, el diputado menemista Jorge Basso, en su dictamen por la minoría que excluyó a Catalán del enjuiciamiento dijo que "quienes hoy están sindicados para juicio político no tenemos problemas personales, él que se opone no es Basso, es la ley". Dijo que no incluye en este juicio político al secretario Legal y Técnico de la Gobernación porque "simplemente" en la Constitución dice que tienen que ser ministros y aunque la ley de Ministerios diga que tiene ese rango surge la pregunta de qué deberes y derechos le corresponde cumplir. Consideró que "esto nos sirva de experiencia a los legisladores riojanos que a veces solemos escribir en lo medio y en lo difuso para que no ocurran más este tipo de cosas" El último en hablar fue el diputado Alberto Paredes Urquiza, quien dijo que "en la Provincia hay muchas denuncias acerca de hechos de eventual corrupción". Manifestó su desacuerdo con la decisión de los diputados de reunirse en secreto con el Gobernador y pidió que se elimine del dictamen el párrafo en el que solicita la inhabilitación de los funcionarios porque es un pronunciamiento que le corresponde a la Sala de Sentencia y no a la Acusadora. El gobernador Angel Maza desconoció la decisión de la Legislatura de suspenderlo en sus funciones por 30 días y, por decreto del Poder Ejecutivo y en acuerdo de ministros, rechazó la medida adoptada por los diputados y advirtió que continúa ejerciendo todas las facultades y atribuciones inherentes a su cargo. El decreto, que lleva el número 516, fue dado a conocer anoche a través de la Oficina del Vocero de la Gobernación. "Recházase la decisión de suspender al señor Gobernador de la Provincia, adoptada en el día de la fecha por la Legislatura Provincial, a través de la Sala Acusadora de Juicio Político", dice el artículo 1 del decreto. En su segundo artículo, comunica "al Gobierno Nacional y a los distintos Gobiernos Provinciales que la titularidad del Gobierno de la Provincia de La Rioja continúa siendo ejercido por el Dr. Angel Eduardo Maza, con todas las facultades y atribuciones inherentes al cargo”. "Por Secretaría General y Legal de la Gobernación comuníquese el presente a la Función Legislativa Provincial, a los efectos previstos en el Artículo 123º, Inc. 12 de la Constitución Provincial", dice el tercer y último artículo del decreto. En los considerandos, el Gobierno entiende que la sanción legislativa "fue adoptada en el marco de una grave crisis institucional" y advierte la existencia de "un conflicto de poderes". Para el Gobierno, "el procedimiento de Juicio Político iniciado por la Legislatura Provincial, no garantiza de ninguna manera la existencia de uno de los principales recaudos de cualquier proceso de juzgamiento, cual es la imparcialidad del órgano actuante". "La manifiesta enemistad demostrada por los Diputados Provinciales, respecto de la figura del Gobernador de la Provincia, priva a la decisión adoptada de las garantías constitucionales del debido proceso, afectando el legítimo derecho de defensa y a un juicio justo", enfatiza el decreto oficial. Considera que "se han violado aspectos formales del proceso de Juicio Político, por cuanto la Sala Acusadora ha sido alterada en su conformación original, de tal manera que no se cumple con el mandato de la ley 8.132, en cuanto prescribe que la integración de las distintas salas de Juicio Político, serán las mismas que aquellas que iniciaron el proceso". Y que "la suspensión del Gobernador de la Provincia ha sido tomada desconociendo el mandato expreso conferido a sus Diputados, por los Partidos Políticos al cual pertenecen las bancas que hoy detentan, violándose de esta manera los derechos políticos que le corresponden a los ciudadanos y que son ejercidos a través de los Partidos Políticos que los representan". Finalmente argumenta que "la decisión adoptada por la Cámara carece de legitimidad y es claramente una decisión injusta, opuesta a la Constitución Nacional y a la Carta Magna Provincial, de la que solamente ha tomado sus formas, desechando su contenido y la clara intención del Constituyente respecto del respeto a las garantías que hacen a la forma republicana de Gobierno".