LA RIOJA PIERDE MÁS DE 30 MILLONES ANUALES POR EL MINIMO NO IMPONIBLE.

Cada riojano perderá 86 pesos por el aumento en el mínimo no imponible de ganancias, mientras la provincia perderá 30 millones y medio de pesos, según la consultora Economía & Regiones. Por eso,  el costo bruto para las Provincias ascendería a $ 1.700 millones por pérdida de coparticipación. Con el fin de moderar las pautas de reclamo salarial de los distintos gremios de la economía, y respaldado por el fuerte crecimiento que viene presentando la recaudación, la AFIP acaba de introducir un nuevo incremento del 20% en las deducciones personales y en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Si bien destacamos el aspecto positivo de la medida, no podemos dejar de subrayar la persistencia de dos problemas en la liquidación del impuesto, vinculados al proceso inflacionario: por un lado, la falta de actualización de las escalas para la determinación del impuesto, que provoca que contribuyentes ubicados en el tramo medio de la escala de ingresos se vean obligados a tributar las alícuotas marginales más altas del gravamen. Asimismo, en el otro segmento de contribuyentes, las personas jurídicas, también sufren las consecuencias de la dinámica inflacionaria de los últimos años, dado que para la determinación del resultado anual (sobre el cual se calcula el impuesto a liquidar) no está permitido practicar el ajuste por inflación, tributándose sobre ganancias contables (o ficticias). Debido a que buena parte de los beneficiados pertenecen a sectores medios de la población (con alta propensión al consumo), es probable que un alto porcentaje del ingreso adicional disponible se vuelque al consumo privado. De esta manera, el costo fiscal neto de la medida sería menor al previsto por el Gobierno Nacional ($ 3.242 millones), dado que la pérdida por Ganancias sería compensada por una mayor recaudación de impuestos que gravan el consumo y las transacciones, e incluso en concepto del Impuesto a las Ganancias de personas jurídicas. Limitando el análisis a los impuestos transaccionales, y de acuerdo a su participación en el PBI, se recaudarían unos $ 360 millones adicionales a nivel nacional, de modo que el impacto neto de la medida sería de $ 2.882 millones, en tanto que si se agrega la recaudación incremental de Ingresos Brutos (a nivel provincial), el costo se reduce a $ 2.774 millones para lo que resta de 2011. Pese a que las provincias afrontarían una menor proporción del costo total en relación a la Nación (48% vs 52%), los estados subnacionales serían los principales perjudicados por la aplicación de la medida, dado que los recursos resignados representarían 1.1 puntos de la coparticipación anual, frente al 0.4 que resignaría la Nación.