El secretario general de la Gobernación, Juan Luna Corzo, reafirmó la política pública del gobierno provincial respecto de “día no trabajado, día no pagado”. Hizo mención a la relación del contratado con el Estado Provincial y recordó que, según las reglas previstas por el Código Civil, en los casos que no presten servicios deberán aplicarse las normativas previstas aplicables al caso. “La relación que el contratado tiene con el Estado es tal como dicen los actos de contratación de estos para la prestación de un servicio y se rige por todas las reglas previstas principalmente en el Código Civil de la prestación de servicios y de los contratos de la prestación de servicios entre dos personas, en este caso sería el Estado y el contratado”, manifestó.El funcionario señaló que “esto forma parte de la política integral que tiene el Estado en el cual se nutre por el trabajo que tienen que realizar normalmente las áreas con recursos humanos”. “Según las necesidades de esa área, ese recurso humano tiene distintos tipos de relaciones con el Estado. Algunos son empleados de planta, otros son contratados, becados y así sucesivamente”, agregó. Asimismo, remarcó que “en todos los casos lo que se demanda como una política esencial del Gobierno es que quien tiene que prestar un servicio de acuerdo a la relación jurídica que tenga, que lo preste en las condiciones que así corresponda”. Respecto a los contratos, dijo que “cuando un contratado no presta el servicio que tiene que prestar, esto es asistiendo a la oficina o a donde disponga la autoridad competente que supervise su trabajo, es decir que no preste funciones, hay un incumplimiento contractual que tiene sanciones previstas por el Código Civil, por el derecho”. “A esto puntualmente el gobernador lo dijo y es una política que hay que ratificar”, sostuvo. Nuevamente, remarcó que “en los casos de quien no preste servicio, deberán aplicarse lo previsto por la normativa aplicable al caso, que puede ser el descuento del día u otras cuestiones particulares”. Además, explicó que “la relación del contratado con el Estado está regida por normas del derecho, en este caso por las normas del Derecho Civil. Es un vínculo que responde a la necesidad particular del organismo”. “No todas las personas tienen que tener una relación de derecho de empleado público. Hay determinadas cuestiones que necesitan de un contratado y lo que le exigimos a ese contratado es que preste el servicio que se establece y que voluntariamente acepta cuando ingresa como contratado, como así también el Estado cumple con él con el pago del canon locativo”, indicó. En este sentido, consideró necesario “reforzar esa política”. “Por otro lado, indicó que esto responde a una sana política de administración de recursos públicos”, evaluó. “Nosotros somos más de 300 mil habitantes en la provincia y creo que el reclamo generalizado por parte de la sociedad es que la gente que presta servicio como contratado lo preste, por que al final del día los fondos con los cuales se solventa el pago de los cánones locativos de los contratos son fondos públicos”. “Es justo que en la organización del trabajo quien recibe una remuneración locativa solventada con fondos públicos, preste el servicio que al final del día redunda en un beneficio o en un servicio para el ciudadano particular”, completó.
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