A partir de un decreto emitido por el gobierno central, las empresas mineras y petroleras dejaron de gozar con el beneficio que había sido otorgado por Néstor Kirchner y deberán comenzar a liquidar sus exportaciones dentro del país, como ya vienen haciendo los productores agropecuarios. Por otro lado, las empresas de seguros deberán repatriar los fondos que tienen depositados en el exterior. Mediante estas medidas el gobierno planea ingresar unos U$S 2.500 millones de dólares al país, lo cual sería un respiro para la situación ajustada del nivel de reservas y la incesante demanda de dólares. Es que la situación en el mercado cambiario viene complicándose mes a mes motivada principalmente por la creciente fuga de capitales. En lo que va del año, se estima que se fugaron cerca de 21.000 millones de dólares. Parte de esta fuga se explica por la remisión de utilidades al exterior que realizan tanto empresas extranjeras como nacionales, y que se vio agravada a partir del estallido de la crisis mundial en el 2007. Los cálculos indican que desde la salida de la convertibilidad, se estima que las filiales locales redireccionaron a sus casas matrices una suma cercana a los 37 mil millones de dólares, con una proporción creciente año a año. En el 2010 se estima que las mismas representaron un 1 por ciento del PBI. Los diversos estudios realizados indican que las razones se deben al “grado de extranjerización” de la economía argentina, el cual habría ido en aumento desde los inicios del kirchnerismo. En un informe realizado por Martín Schoor y Nicolás Arceo para el centro de estudios de la CTA (CIFRA), los autores calculan un 60 por ciento de empresas que producen en el país en manos extranjeras. A lo que se le agrega el grado de transnacionalización de las compañías argentinas más poderosas. Según estos investigadores la remisión de utilidades repercute directamente en el superávit comercial: en el último año las mismas, con un valor de U$S 7.182 millones, representaron más del 50 por ciento, triplicando su valor desde el 2007. Y es que con desde el inicio de la crisis global las casas centrales comenzaron a demandar en mayor medida a sus subsidiarias. La medida fue saludada por los técnicos afines al gobierno como “un gran paso en la soberanía”. Sin embargo Claudio Lozano, actual diputado por la Ciudad de Buenos Aires y economista de la CTA, disiente con esta mirada optimista. Lozano argumenta que se trata de una medida razonable, ya que en un contexto de fuga de divisas una medida de este tipo es conveniente, sobre todo si se observan las ganancias extraordinarias que estuvieron percibiendo dichas empresas durante los últimos años. Pero al mismo tiempo considera que se trata simplemente de “tratar de resolver un problema cambiario” y no de discutir un problema que considera estructural. Y es que en los hechos el decreto sólo obliga a las empresas a que liquiden en el país, pero una vez cumplido con lo dispuesto por ley pueden perfectamente enviarlas al extranjero. Con lo cual “no se resuelve el problema de fondo” indica Lozano. Incluso los economistas defensores del gobierno como Andrés Asiain son conscientes de las limitaciones del decreto por tener un impacto “de corto plazo”. Quizás por ese motivo casi ni hubo reacciones por parte de los entes involucrados, e incluso fue apoyada por otros sectores. Sin ir más lejos, el titular de la UIA, José Ignacio de Mendigueren, la consideró “razonable”. “La fuga de capitales tiene que ver con problemas estructurales de la economía argentina” explica Lozano. “El primero de ellos es la inflación en dólares desde el 2007, generado por el déficit en la inversión; el segundo, el nivel de transnacionalización de nuestra economía que obliga a las empresas extranjeras a manejarse con el dólar como medio de pago” comentó este economista, recientemente reelecto como diputado. Estas cuestiones, según él, no están en la agenda de discusión del gobierno. Como así tampoco parece estarlo una mayor reglamentación de las rentas extraordinarias de empresas petroleras, mineras y pesqueras, por sus vínculos con el gobierno. Para Lozano “Esas rentas también deberían capturarse, y permitirían mejorar la situación para enfrentar la fuga de capitales” afirmó. Esto, a su vez, debería acompañarse por medio de “un control estricto del mercado de cambios”. Los investigadores explican que la argentina tiene un alto grado de concentración y extranjerización empresaria. Esto repercute en el monto de las ganancias percibidas por las compañías más poderosas. “Actualmente unas pocas empresas, concentradas en unos pocos sectores, perciben ganancias extraordinarias a costa del resto”, explica Lozano. Y agrega “estas compañías no están interesadas en recibir ganancias menores, por lo que no invierten en sectores que sean menos rentables”. Es decir que la remisión de utilidades tiene su contraparte en la escasa reinversión que realizan estas empresas dentro del país, y a pesar de contar con las tasas de ganancia más altas. Según un informe realizado por el sociólogo Pablo Manzanelli, de FLACSO, del 2003 al 2006 la inversión bruta fue insuficiente para, tan siquiera, mantener el desgaste del capital preexistente. Todo ello a pesar de que la tasa de ganancia se mantuvo durante toda la década por encima del 30 por ciento, mientras que en la década del 90’ nunca llegó a superar esa proporción. Del 2006 al 2009 el estudio indica que a pesar de que se revierte la tendencia y estas compañías comienzan a reinvertir, la tasa de reinversión de estas corporaciones durante ese período sólo llega al 16,2 por ciento.
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