DESDE EL GOBIERNO MINIMIZARON LA ORDENANZA MUNICIPAL ANTI MINERA.

Es la que prohíbe cualquier tipo de emprendimiento que utilice o almacene sustancias toxicas como el uranio en territorio capitalino. Para el titular de la empresa minera estatal EMSE, Héctor Duran Sabas, la ordenanza “no tiene sustento jurídico, ya que los municipios no tienen competencia en la materia”. Por otra parte, el funcionario advirtió que sigue en pie, bajo estrictas normas de seguridad ambiental, exploraciones en busca de uranio en la zona limítrofe entre el departamento Capital y Patquía. El gobierno provincial nuevamente salió a marchar la cancha y ratificó que su proyecto pro minero, en el territorio provincial, sigue en pie pese a que el Concejo Deliberante de la Capital haya sancionado el martes una ordenanza que prohíbe, cualquier tipo de emprendimiento que utilice o almacene sustancias toxicas como el uranio en su departamento. Al respecto, presidente de la empresa minera estatal EMSE, Héctor Duran Sabas, minimizó el impacto que pueda tener la misma ya que a su entender “es una norma ilegal porque los municipios no tienen competencia en la materia”, y apoyó su tesis en que “la provincia tiene competencia exclusiva sobre los recursos minerales porque así lo dice la Constitución Nacional reformada en 1994”. En el mismo sentido, Duran Sabas consideró que la ordenanza, sancionada gracias a los votos del quintelismo y el radicalismo, que no contó con el apoyo del bederismo ni el lunismo, “es inaplicable”. A su vez, el también dirigente oficialista dijo que actualmente se están llevando a cabo “exploraciones y no explotaciones”, en busca de uranio en el límite entre los departamentos Capital y Patquía, e informó que las mismas están a cargo de de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa estatal Dioxitek. Finalmente, el titular de EMSE llamó a la reflexión a todos riojanos y pidió que “el tema del ambiente sea tratado de manera objetiva y no utilizado como una bandera política de un sector, para intentar desprestigiar a otro, porque si no salen este tipo de ordenanzas que no tienen ningún sustento jurídico, al nivel que ni hace falta ir a la justicia para declararla inconstitucional”