LAS PROVINCIAS DE LA RIOJA Y CORRIENTES CON CUENTAS EQUILIBRADAS.

Un reciente informe del CIPPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento destaca que ya no queda nada de aquel tan defendido superávit fiscal, considerado uno de los pilares del “modelo” de crecimiento vigente. A pesar de que la economía todavía venía creciendo a tasas chinas en 2011 -casi 9% real según datos oficiales-, el sector público nacional terminó con un déficit del 1,66% del Producto Bruto Interno (PBI) Tras este déficit, según el informe, se esconde un gasto público que crece a mayor ritmo que los ingresos: en 2011 el gasto aumentó 34% anual, mientras los ingresos crecieron 24%. Tal como obliga la ley, lo ideal hubiese sido ahorrar en el fondo anticíclico constituido en 1998, reafirmado en 2004 con la ley de responsabilidad fiscal, pero ignorado prácticamente desde su creación. Si se hubiesen hecho los deberes, hoy la preocupación sería menor. Como no ahorramos en las épocas de vacas gordas, la desaceleración de 2012 obliga al sector público a moderar el gasto, como se intenta hacer con los subsidios, y a impedir nuevas caídas en la recaudación, como se demuestra en la reticencia a bajar el impuesto a las ganancias. En el nivel nacional, los desvíos pueden ser financiados con crédito intrasector público, como préstamos del Banco Nación o financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tal vez, para el gobierno nacional, esto sea suficiente para “pasar el invierno”, destaca el informe. Si la economía mundial se recupera en 2013 y si la inversión en Argentina no se desploma, el gobierno nacional pronto podrá poner sus cuentas en orden. Pero el Centro asegura que en el caso de las provincias la situación es distinta, debido a resultados fiscales tan diverso como sus paisajes. Sumando el resultado de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el superávit fiscal desapareció antes que a nivel nacional. En 2007 ya habían mostrado un resultado negativo, que se acentuó en 2008 y 2009. El número positivo de 2010 fue más la excepción que la regla. Ese salto del resultado puede explicarse por el crecimiento económico y el fondo de desendeudamiento provincial. Este último fue un gran alivio para las cuentas provinciales ya que no tuvieron que pagar sus deudas con el gobierno nacional. En 2012, el resultado no puede hacer otra cosa que empeorar, destaca el CIPPEC. La situación provincial no es homogénea: las finanzas provinciales muestran tanta variedad como sus paisajes. Algunas mantuvieron superávit en el período 2007-2011, como San Juan, Salta, Chubut, La Pampa y Formosa. En otras se ve un esfuerzo importante por mantener las cuentas en equilibrio a pesar del impacto negativo del ciclo, tales como Corrientes y La Rioja. En la mayoría, los resultados son erráticos. Sobresale por su persistente déficit la provincia de Buenos Aires, donde se ha mostrado resultado financiero negativo en los últimos 5 años, según el diario platense El Día. La provincia de Buenos Aires pareciera tener un déficit estructural cuyas razones no son simples de desentrañar. No se puede ignorar que la Provincia concentra en su territorio casi el 40% de la población total del país. De todos ellos, solo el 60% de la población tiene acceso a gas de red y un 43% tiene acceso a la red de cloacas. De esta forma, según el trabajo es por lejos, la mayor porción de la población con necesidades básicas insatisfechas se concentra, según el trabajo. En este marco, el sistema de coparticipación, aquel cuya misión constitucional es la de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio, no ayuda. Este sistema permite que se distribuya automáticamente una porción de los impuestos que la Nación recauda. Pero lo hace a través de coeficientes injustos. En concreto, si bien la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población solo recibe el 19,5%. Esto es un defecto estructural del sistema de coparticipación cuya reforma requiere una mayoría especial en el Congreso Nacional y el acuerdo de todas las legislaturas. Cabe también acotar que en la relación Nación-provincias, no se cumple el límite establecido en el artículo 7 de la ley de coparticipación, que garantiza un cierto nivel de recursos a las provincias.