JORNADAS SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA.

Ante una gran concurrencia, el jueves dieron comienzo las jornadas sobre “La Reforma Integral del Sistema de Justicia”, preparatorias para el “XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. Jujuy 2015”. El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Gobierno Claudio Saúl, el rector de la Universidad Nacional de La Rioja Fabián Calderón, el fiscal general Hugo Montivero, y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Angela Ledesma, entre otros.Las jornadas se desarrollarán durante tres días, y están organizadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Universidad Nacional de La Rioja.La temática está centrada en la Reforma Integral del Sistema de Justicia de nuestra Provincia, analizando y debatiendo el sobre los ejes del nuevo Código de Faltas, el nuevo Código Procesal Penal; Ley de Juicio por Jurado y de Pequeñas Causas, junto a sus respectivas leyes orgánicas, entre otros aspectos fundamentales, en un espacio de debate, son analizados por reconocidos profesionales del derecho de todo el país.A principio de este año se crearon diez comisiones internas que luego fueron ampliadas, en las cuales trabajaron mancomunadamente, no solo magistrados y funcionarios de los tres poderes del Estado, sino que además desde el principio participaron activamente la Policía de la provincia junto a la Universidad Nacional de La Rioja y abogados del foro local. En las comisiones se delinearon distintos temas que en esta etapa son tratados en estas jornadas de capacitación y debate.Durante el acto inaugural, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Claudio Saúl sostuvo que “se trata de unas jornadas trascendentes, después de la decisión del gobernador de la provincia de comenzar con una profunda reforma en la justicia penal y también de seguridad de nuestra provincia”.El funcionario estimó que “con estas jornadas queremos darle el valor agregado académico con importantes procesalistas que vienen realizando una destacada labor en la provincia y el país. Además de reconocer el importante trabajo que desarrollan todos los operadores judiciales”.Saúl resaltó que ésta reforma posee una gran envergadura y es destacada en el país, informando que ya tiene estado parlamentario, es así que “con estas jornadas le aportamos más debate, serio, responsable, transparente, teniendo en cuenta que vamos a ofrecer un bagaje normativo hacia futuro para la mejor administración de justicia en la provincia de La Rioja”.El titular de la cartera de Gobierno afirmó que todo proceso de reforma, de cualquier naturaleza, implica cambios profundos, “hay que entender que este es un cambio cultural en los operadores judiciales, donde hay sesenta años de cultura de un procedimiento penal, donde las universidades han trabajado en un determinado sistema normativo, es por eso que desde allí hay que comenzar a enseñar cuál es el código procesal penal, el nuevo código contravencional, y eso lleva un proceso”.En relación a esto añadió que la aplicabilidad de esta normativa será gradual, y responsable hacia futuro, y ejemplificó el caso de la provincia de Santiago del Estero, donde solamente en la circunscripción de Frías han comenzado gradualmente la aplicación, y dijo que acá también será gradual no inmediata, “si hay alguna circunscripción de la provincia que amerite que comencemos por allí, porque las condiciones están dadas, lo vamos a hacer. Es por eso que se pensó también una ley de transición, para destinar el tiempo necesario a fin de que este muy buen sistema no fracase”, acotó.Finalmente subrayó que con este proyecto se propone dictar estas normas de procedimiento más ágiles y dinámicas, y reiteró que es lo que se está haciendo en todo el mundo, lo mismo que nuestra Nación, que también está trabajando en el código procesal penal, con herramientas nuevas para darle lo que a cada uno le corresponde, restitución de derecho y garantía de administración de justicia, “es lo que nos está pidiendo la gente, y a eso el Estado tiene el deber y la responsabilidad de adaptarse”, expresó.