lunes, 22 de septiembre de 2008

EN MENDOZA ESTAN PREOCUPADOS POR LA PRORROGA DE LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

Tras que la vicegobernadora Teresita Luna fue tapa por sus declaraciones en Mendoza, Celso Jaque supo encontrar en José Luis Gioja, el gobernador sanjuanino, a su mayor socio político. Gracias a él, mejoró su relación con el Gobierno nacional y pasó a formar parte del núcleo de mandatarios fieles al kirchnerismo. En junio, Gioja, Jaque y el riojano Luis Beder Herrera viajaron al Distrito Federal mexicano para participar de una feria internacional de alimentos y realizaron gestiones ante el gobierno mexicano para que reduzca los aranceles al mosto y a la producción de la región Cuyo Andina, recuerda el diario mendocino Los Andes. Junto a Gioja, Beder Herrera y el formoseño Gildo Insfrán, Jaque también creó un grupo de gobernadores que apoya el Gobierno nacional pero que se reserva el derecho a hacer algunas críticas. Son, sin duda, la base de sustentación de las aspiraciones presidenciales del sanjuanino, quien no oculta sus intenciones de llegar a la Casa Rosada en 2011, agrega. Sin embargo, la sociedad política que Jaque tiene con sus pares de la región podría resquebrajarse si las provincias vecinas insisten en bloque en que la Nación prorrogue la promoción industrial por 15 años más. "Los riojanos, sanjuaninos y catamarqueños tienen la obligación de defender sus economías, pero nosotros saldremos en defensa de Mendoza", explicó a Los Andes una fuente del Ejecutivo de Mendoza. Fue tras que Beder Herrera aseguró que la presidenta Cristina Fernández se comprometió a prorrogar por 15 años más los beneficios de la promoción industrial que alcanzan a esta provincia junto a Catamarca, San Juan y San Luis y perjudican a Mendoza. Este régimen de beneficios fiscales para las industrias localizadas en las provincias vecinas debe expirar el 31 de diciembre de 2012, pero tanto La Rioja como Catamarca y San Juan realizan gestiones en la Casa Rosada para conseguir varios años más de sobrevida. De esta manera, el polémico sistema de beneficios fiscales llegaría hasta 2027. El apuro de los gobiernos se debe a que desde 2009 algunas fábricas localizadas en La Rioja, San Juan, Catamarca o San Luis comenzarán a perder los beneficios de la promoción. "Queremos darle tranquilidad a nuestros empresarios, para que sigan invirtiendo en La Rioja", explicó un funcionario riojano. Según Los Andes, la movida de las provincias promocionadas sorprendió al gobierno de Celso Jaque, que ayer ensayó una respuesta por parte del subsecretario de Promoción Industrial, Jorge Giunta. El funcionario dijo que "Mendoza defenderá a sus industrias". "Tenemos importantes estudios que demuestran cómo nuestra provincia salió claramente perjudicada. Nuestra relación con el Gobierno nacional es óptima, por lo que no creo que se avance en una decisión así sin consultarnos", explicó el subsecretario.Sin embargo, fuentes consultadas por Los Andes señalaron que el compromiso presidencial es bastante ambiguo. Por eso las provincias vecinas están insistiendo para que Cristina Fernández emita un decreto como el que su antecesor, Néstor Kirchner, firmó para extender hasta 2025 la promoción en Tierra del Fuego. El régimen de promoción industrial le costó a Mendoza la fuga de 210 empresas que decidieron migrar a las provincias vecinas para aprovechar los beneficios impositivos. Además, según informes de economistas locales, le provocó una pérdida que supera los 1.000 millones de pesos anuales. Por este motivo, en 1999, la Provincia acudió a la Justicia para reclamar por la ampliación que hizo el ex presidente Carlos Menem de la polémica promoción. La causa llegó a la Corte nacional, pero hace dos años, el ex gobernador Julio Cobos llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional por el cual Mendoza se comprometió a desistir del juicio a cambio de que el Ejecutivo nacional realizara el dique Portezuelo del Viento, en Malargüe en concepto de "resarcimiento". Sin embargo, si La Rioja, Catamarca y San Juan logran su cometido y Cristina Fernández extiende por más años la promoción para estas provincias, esta suerte de acuerdo extrajudicial entre Mendoza y la Nación perdería razón de ser.

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