UN INFORME REVELA QUE ALGUNAS PROVINCIAS CONTARAN CON MENOS RECURSOS,

Según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8% del total de los ingresos anuales. Este porcentaje se sitúa muy por debajo (10 puntos menos) del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34%. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años. Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación, según el diario La Nación. Es cierto que, además de la coparticipación (que se gira de manera automática), la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, destinadas mayormente a vivienda, educación y obra pública. El problema es que se trata de giros discrecionales, es decir, que no están sujetos a normas objetivas sino que los deciden los funcionarios de turno sobre la base de intereses políticos también coyunturales. De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "las provincias donde más se aumentará el gasto son Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut. Por el contrario, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego son las que menos incrementos verán". El reparto de recursos para la construcción de caminos y rutas también llama la atención. "La Pampa, Tucumán, Salta y Chaco verán un aumento en este rubro muy superior a la media; por el contrario, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba se encuentran entre las que menos incrementos tendrán o incluso disminuirán los fondos que la Nación invertirá en Vialidad", se afirma en el informe. Allí se precisa que La Pampa, por ejemplo, tendrá una mejora del 74% respecto de 2008, Tucumán del 71% y Salta del 66%. En cambio, Buenos Aires recibirá un 40% menos de recursos y Córdoba, un 7% menos. La demora, de más de 10 años, en sancionar una nueva ley de coparticipación -como se fijó en la Constitución nacional tras su reforma de 1994- genera estas distorsiones en el reparto de recursos, según afirman los expertos. Si bien sancionar una ley de coparticipación es complicado, pues se requiere el acuerdo de todas las provincias, desde que el kirchnerismo llegó al poder, nunca esbozó intención de avanzar en la materia.