La intención del gobierno central de eliminar el sistema jubilatorio de capitalización y apropiarse del stock de aportes personales acumulados durante 14 años por cuatro millones de trabajadores argentinos que eligieron esa modalidad previsional, así como del flujo de sus aportes mensuales de aquí en adelante, representa un verdadero asalto, una confiscación tan injusta y arbitraria como inconstitucional. El gobierno kirchnerista pretende justificar esta expropiación comparándola con las intervenciones de otros países en bancos y aseguradoras golpeadas por la crisis financiera global. Se trata de una excusa que no resiste el análisis. En los casos mencionados, que han ocurrido en Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, los estados han hecho aportes monumentales para salvar instituciones desmanteladas por la explosión de las finanzas. El proyecto del gobierno argentino, en cambio, no tiene como objetivo poner fondos, sino sacarlos, expropiarlos. No va a resolver un problema, sino a crearlo, como de hecho el Estado ya le ha generado problemas a esas administradoras de fondos de pensión que ahora dice querer "salvar", imponiéndoles la compra de bonos que cada vez valen menos precisamente por la errática conducción gubernamental, que ha elevado el riesgo-país 1700 puntos en apenas unas semanas. El gobierno quiere, con este proyecto, resolver el dramático desfinanciamiento que su desquiciada conducción le ha impuesto al Estado argentino. La lucha del campo y la conducta digna del Congreso le impidieron consumar una confiscación análoga a los productores agropecuarios. Como fracasó el arrebato al campo, ahora reintenta el golpe sobre otros blancos: los trabajadores argentinos, futuros jubilados, y el sistema previsional de capitalización. El botín le resulta prometedor: un stock de unos 40.000 millones de dólares y unos 5.000 millones de dólares anuales más. Ese proyecto debe ser terminantemente rechazado. Es preciso detener el manejo arbitrario de los fondos públicos por parte del gobierno kirchnerista El Senado está a punto de tratar el presupuesto y, con él, las facultades extraordinarias ("superpoderes") que se le han venido extendiendo al Poder Ejecutivo. A la luz de este comportamiento oficialista hoy es más evidente que nunca que los superpoderes no deben pasar.
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