El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 anunciará en la audiencia del próximo viernes la fecha en la que se leerá la acusación contra el ex presidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Cuando ello ocurra el ex jefe del Estado deberá estar frente a los magistrados, pero se desconoce aún si Menem estará en condiciones de viajar a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital o si el Tribunal se constituirá en la provincia de La Rioja donde el ex mandatario guarda reposo. Al inicio de la audiencia, el camarista Luis Imaz hizo saber que el Tribunal tiene un informe preliminar de los médicos forenses que revisaron a Menem en el que "si bien aconsejan reposo" admiten que "no hay imposibilidad absoluta de traslado". "En la próxima audiencia (el viernes próximo) se fijará la fecha para la lectura del requerimiento al imputado Menem", dijo el juez, quien aclaró que "si no se produce el traslado se arbitrarán los medios" para leerle al ex presidente los cargos por los que está acusado. Tras esa aclaración, el secretario Eduardo Botello comenzó a leer el requerimiento de elevación a juicio de Luis Sarlenga, ex titular de Fabricaciones Militares (FM), tras lo cual hará lo propio con los cargos que se les achacan a otros cuatro imputados. Los restantes requerimientos cuya lectura está prevista en esta jornada (la tercera desde el inicio del proceso) son los de los ex directores de FM Carlos Franke, Edberto Gonzalez de la Vega y Jorge Antonio Cornejo Torino. Poco antes del inicio de la audiencia del abogado Omar Luis Daer, defensor de Menem, había anticipado a Télam que el perito médico que había revisado al ex presidente había requerido "estudios complementarios" para dictaminar si se lo autoriza a viajar a esta Capital. Daer señaló que el otro profesional (psiquiatra) que revisó al ex presidente habría sugerido la "conveniencia que se mantuviera" en La Rioja al señalar que no estaría en condiciones de trasladarse a los tribunales de la zona de Retiro. En el proceso se procurarán establecer las responsabilidades en la firma de decretos presidenciales, entre 1991 y 1995, en los que se hacía figurar la venta de más de 6.500 toneladas de material bélico a Bolivia, Venezuela y Panamá, cuando en realidad fueron a Ecuador y Croacia. Menem -a través de su defensor Daer- había intentado infructuosamente que el proceso se suspendiese y en la iniciación del debate sufrió su primer revés cuando el camarista Imaz notificó que "no se hace lugar a la suspensión a pedido del mentado imputado".
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