EN TRECE PROVINCIAS SE DEBATE UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

Con la entrada en vigencia de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y luego de la sanción de nuevas leyes provinciales de educación en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero, 13 jurisdicciones iniciaron procesos de debate. En algunas provincias sólo se avanzó con la propuesta de un anteproyecto de ley o documento preliminar oficial: Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Cruz. En otras, como Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y La Rioja se elaboraron proyectos alternativos, gestados por sindicatos locales, partidos políticos opositores, representantes del sector privado de educación, u otros actores ligados con el sistema educativo. Además de los anteproyectos en discusión, una cuestión para destacar es la diversidad de dispositivos de debate mediante los cuales los gobiernos provinciales han convocado a participar en la definición de los lineamientos que guiarán el destino de la educación de cada provincia, explica un informe difundido por el CIPPEC. En Corrientes y la ciudad autónoma de Buenos Aires, el debate quedó circunscripto al Parlamento, sin embargo, en esta última jurisdicción, el Foro por la Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires (que congrega a las Abuelas de Plaza de Mayo, ACIJ, APDH, CCC, LADH y UTE-CTERA) planteó ante la Legislatura la necesidad de generar un debate público y organizó encuentros de debate alternativos. En un segundo grupo de provincias integrado por Chaco, Jujuy y La Pampa, el anteproyecto oficial fue objeto de debate parlamentario y fue sometido a la evaluación de las escuelas a través de jornadas institucionales. Por otra parte, en estas tres provincias los principales gremios participaron activamente en la discusión de la propuesta oficial. Otras provincias como Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego ampliaron el debate al conjunto de la sociedad mediante variadas e interesantes estrategias. Mientras en algunas la convocatoria se centró en ciertos actores organizados de la sociedad ligados con la educación (como Salta), en otras se extendió a toda la comunidad educativa, mediante consultas masivas, foros educativos locales, o aportes a través de Internet. Resulta interesante señalar que la mayoría de las provincias ha optado por modalidades de debate ricas y extendidas a distintos actores sociales. Esta alternativa para la construcción de consensos es digna de ser celebrada, ya que lo que está en juego es la principal ley que encausará las decisiones de política educativa que velarán -o no- por el derecho a la Educación en cada provincia. Sin embargo, para poder pronunciarse sobre el valor de estas iniciativas es indispensable conocer cómo se está desarrollando en concreto el proceso de debate en cada jurisdicción. Más allá de las modalidades que adoptaron los debates, es imprescindible también indagar en el contenido de los anteproyectos en discusión (tarea que excede las posibilidades de esta nota), muchos de los cuales integran aspectos distintivos, más allá de enmarcarse en las disposiciones de la Ley de Educación Nacional. Este ha sido tristemente el caso, por ejemplo, de la provincia de Salta, cuya ley -que cuenta ya con media sanción en la Cámara de Diputados- dispone la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la escuela pública, siguiendo lo establecido en la Constitución provincial y en la ley vigente.