EL GOBIERNO QUIERE CONTROLAR LOS MEDIOS POR ADRIÁN VENTURA PARA LA NACIÓN.

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, propuesto para reemplazar a la vetusta ley de radiodifusión, asigna al Gobierno un muy fuerte papel de control sobre los medios. Es indudable que la ley actualmente vigente quedó desactualizada. Pero ¿qué propone el proyecto oficial? No es difícil adivinar qué intenciones esconde: quebrar a los medios más críticos o a los que, por capacidad económica o por convicción, son independientes, para repartir las cartas de nuevo. El proyecto no es malo en un punto: asegura que se inspira en la idea de mayor pluralismo. Pero el camino que traza para lograr ese objetivo no es pluralista: Algunos articulos y párrafos llaman la atención: * Si bien la radiodifusión es un servicio, se olvida que el contenido de esa actividad es la libertad de expresión. A despecho de ello, el Gobierno expresamente se reserva un amplísimo margen regulatorio que no es compatible con el artículo 32 de la Constitución. * El proyecto prohíbe la asignación discriminatoria de publicidad, una práctica que el mismo gobierno fomentó. ¿Es creíble? * También crea una autoridad sobre el sector, con potestad de aplicar muy graves sanciones. Pero, en contra del pluralismo que predica, dicha autoridad estará integrada por cinco directores, de los cuales el Poder Ejecutivo nombra a la mayoría. Los dos restantes serán nombrados por una comisión bicameral.Un dato para no olvidar: la vieja ley de Consejo de la Magistratura también preveía la intervención de la segunda minoría en este cuerpo y una reforma promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner la suprimió. * El proyecto también introduce la figura del Defensor del Público, un ombudsman que defenderá a la gente contra los medios y tendrá facultades para entablarles juicio y hacer amonestaciones a las empresas y a los periodistas. Existe en Suecia y es independiente. Pero el proyecto oficial dice que dicho defensor será nombrado por el Gobierno, a propuesta de la aludida comisión bicameral. * El proyecto limita sustancialmente la posibilidad de que un operador de TV abierta también opere cables. Y, también, reduce los plazos de las licencias de los operadores, de modo que el período original y su renovación, por única vez, no puede superar los 20 años. ¿Por qué se busca sacar del juego a operadores que arriesgan grandes inversiones y son eficientes? La verdad siempre es más amplia que la historia oficial.