PARA EL DIPUTADO PAREDES URQUIZA EL ESTADO DEBE HACERSE CARGO DE LOS MENORES EN RIESGO.

El diputado nacional Alberto Paredes Urquiza ratificó los alcances de su proyecto para bajar a 14 años la edad de imputabilidad a los menores y consideró que durante muchos años “hemos estudiado la problemática y, además, hemos visto otros países la forma que emplearon para resolver la situación”. De esta manera, Paredes Urquiza sostiene que existen dos líneas de acción en torno a la problemática: “por un lado están aquellos que piensan que la situación se va a mejorar una vez que mejoren las condiciones integrales del país; es decir cuando haya mayor inclusión social, mejor educación, igualdad de oportunidades”. En tanto, que del otro lado, están aquellos que también sueñan con esa situación que sería ideal, pero mientras tanto consideran que “tenemos que adoptar medidas claras y concretas sobre el problema que tiene el menor”. El legislador expresó que “el menor que delinque, no lo hace porque quiera o le gusta, sino porque tiene una necesidad o una grave distorsión de su conducta que lo lleva a cometer delitos”. Respecto al proyecto que es de su autoría, manifestó que “está pensado para que el Estado pueda actuar sobre estos menores, en la franja que va de los 14 a los 18 años. A través de medidas concretas y tendientes a sacarlos de la situación de las adicciones y la delincuencia”. Consideró que en todo el país creció la inseguridad, pero advirtió que “en provincias como la nuestra, la mayoría de los delitos son cometidos por menores que están amparados en la situación legal de su irresponsabilidad penal y frente a la concepción de aquellos que sostienen que proteger al menor es no haciendo nada”. Paredes Urquiza señaló que “en el proyecto se tiende a establecer un marco dentro del cual, si el menor comete un delito, puede el Estado intervenir aplicándole una sanción que va de la simple amonestación judicial, la realización de trabajos comunitarios o la privación de la libertad en los casos de haber cometido delitos graves” y añadió que “son hechos que implican que el chico está sufriendo un grave trastorno psicológico y conductivo que obliga a hacerle tratamientos específicos en centros especializados”. Puntualizó que se los debe someter a programas de tratamientos en lugares adecuados para su rehabilitación socioeducativa y para que tengan la posibilidad de igualdad de oportunidades que les permitan insertarse en la sociedad. Instó a los padres “que deben acompañar el proceso” y remarcó que el proyecto prevé que se declare la responsabilidad penal del menor y la civil en el caso de los padres, en la misma sentencia, como ocurre en España y con tanto éxito.