PARA CARLOS CHACON SE DEBE LOGRAR LA INDEPENDENCIA EN EL PODER JUDICIAL.

El reciente amparo presentado en el Tribunal Electoral que hizo lugar a la pretensión de un grupo de abogados del Estado, por el que se suspende las elecciones para el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de enjuiciamiento; nos plantea un serio problema institucional por la falta de independencia que tendrán estas instituciones constitucionales; si es que analizado el fondo del asunto, el Tribunal entiende que tanto el Consejo como el Jurado puede ser integrado por abogados que trabajan en el Estado. Como abogado y desde el punto de vista estrictamente profesional, reconozco como legítima toda pretensión basada en la idoneidad que cualquier abogado del Estado pueda tener para mejorar su condición y perspectiva profesional; ya que aspirar a integrar el Consejo y tener entre sus funciones la selección y remoción de los jueces inferiores y miembros del Ministerio Público, deja en claro que aquellos que ejerzan estas funciones deberán estar altamente capacitados. Ante las quejas realizadas por algunos abogados del Estado, alegando discriminación o falta de igualdad por su legítimo derecho a ser elegidos; se oponen los principios jurídicos que establecen que el derecho de igualdad nos indica que éste debe observarse entre iguales y, en este caso, no son iguales un abogado del Estado y un abogado que se dedica a la actividad privada. El profesional estatal nunca podrá aplicar su criterio con absoluta libertad porque en principio, su remuneración la paga el propio Estado y, además, está entrenado para defender los intereses del Estado; mientras que en el caso del profesional particular; su sustento de más está decir, depende de él mismo. La creación del Consejo de la Magistratura ha tenido como fin fundamental mejorar la calidad del Poder Judicial y; sus integrantes, deben estar libres de todo compromiso político con los órganos gubernamentales. Mal puede seleccionar o remover con total libertad aquél profesional cuyo sustento depende del poder político; esto resulta una clara incompatibilidad para el ejercicio del cargo. Los principios republicanos exigen independencia del poder judicial, y va contra ella toda herramienta jurídica institucional que otorgue más poder a una de las funciones del Estado, en el caso al Ejecutivo provincial. Es legítima la pretensión de ser elegido para integrar el Consejo, pero para ello, no debe depender del Estado. Por otra parte, todos los derechos particulares están sujetos a un derecho aún mayor como es el derecho de toda la comunidad, y que se encuentra protegido por la defensa que todas las instituciones del gobierno deben hacer del “interés público”. En nombre de ese interés público es que se debe lograr la independencia del Poder Judicial; y si permitimos que el poder político a través de terceros, tenga aún mayor injerencia sobre la libre determinación de los jueces quedando éstos prácticamente a merced de los propósitos de gobierno; en ese caso, difícilmente encontremos protección adecuada a nuestros derechos. Desde Compromiso Riojano, creemos que la única forma de afianzar la justicia es basándose sólo en criterios de razonabilidad jurídica y nunca de dependencia política; manifestamos nuestro apoyo al Colegio y al Consejo de Abogados de La Rioja en su Resolución de no incorporar, para el estamento de integrantes independientes del Consejo de la Magistratura, a los profesionales abogados que cumplen funciones en el Estado.