La decisión del Tribunal Superior de hacer lugar al amparo presentado por abogados del Estado que peticionaron para integrar el Consejo de la Magistratura e intervenir en el proceso de selección y sanción de jueces; no hace más que quitarle independencia a las instituciones creadas en nuestra Constitución, y socavar el sistema republicano; ya que que difícilmente un abogado que es empleado del Estado, puede actuar con la suficiente independencia de criterio para juzgar y sancionar a un juez; pues su salario es solventado por el propio Estado.
Un abogado-agente del Estado puede integrar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, sólo si renuncia a su cargo o a su contrato con el Estado. Esto es lo que los principios éticos indican; caso contrario existe una clara incompatibilidad.
Con esta decisión una vez más, el Tribunal Superior no hace más que obedecer a los requerimientos del Poder Ejecutivo; ya que de nueve integrantes del Consejo de la Magistratura, seis representan al poder político, debiendo quedar reservado tres lugares para los profesionales independientes. Al permitir que esos tres integrantes sean abogados que trabajan en el Estado, lo que los instituye como agentes del Estado; las decisiones del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento carecerán de profesionales independientes que aporten a esas decisiones, la objetividad necesaria para el correcto y libre ejercicio de la función judicial. Una vez más nuestros jueces se encontrarán acorralados cuando algunas de sus sentencias no complazcan al poder político, o para ser más exactos al Ejecutivo provincial.
Insto a todos los dirigentes políticos, de todas las extracciones partidarias, que no miren para otro lado y no tapen con la pelea por las candidaturas las fallas que el sistema judicial tiene y tendrá aún en mayor medida, si la selección y la sanción de los jueces queda íntegramente en manos del poder político.
El salvaguardar la independencia del Poder Judicial es la base fundamental del sistema republicano; pilar sobre el que se construye los derechos de todos los ciudadanos.
Por eso, Compromiso Riojano acompaña al Consejo Profesional de Abogados y al Colegio de Abogados de la provincia en su petición de apelar la resolución indicada.
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