EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL VISTO DESDE LA OPTICA RIOJANA.

Mucho se viene leyendo y escuchando sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el que la mayoría de los integrantes del Congreso reconocen como necesario. El sistema legal vigente es de la época de la Dictadura y hay que derogarlo. Pasaron 26 años desde la llegada de la Democracia y si bien no es el primer proyecto que se presenta ante los legisladores, es la primera vez que el Ejecutivo la impulsa de una manera tan decidida. Realidad que también amerita más de un análisis y que está directamente relacionado al contexto sociopolítico, económico y mediático que vive la Argentina tanto a nivel nacional como internacional. De manera tal que simultáneamente a los beneficios: desconcentración, remarcar el sentido de servicio público de los medios y desarticular los oligopolios, también están los peligros que denuncia no solo la oposición sino también los sectores que apoyan la necesidad de este proyecto: concentración estatal sin controles adecuados, que se sienten las bases para un monopolio de los telefónicas (aunque según declaró la presidenta Cristina de Kichner el lunes 14, este artículo podría eliminarse) y que el organismo regulador tenga participación mayoritaria del Ejecutivo, entre otras críticas. Por las características de ser una ley nacional la comunidad argentina en general podría beneficiarse con el acceso más económico e incluso gratuito en muchos casos a todo lo vinculado con las nuevas tecnologías. Y facilitaría la llegada de diversos canales y frecuencias a zonas geográficas a la que actualmente no pueden llegar. Tanto ex ATC actual Canal 7 o TV Pública a nivel nacional como Canal 9 a nivel provincial por ejemplo, tienen serias dificultades para llegar al público riojano. En el caso de Canal 7, algo que se repite en diferentes partes del país, solo llega a los hogares por medio de los canales de cable pagos. Mientras que en el caso de La Rioja, quienes tienen el servicio de Direct TV no pueden ver el canal local. En este sentido el Estado debe hacer valer su rol de autoridad no solo para controlar sino para exigir que los canales públicos lleguen a todos los hogares. Lo que no se termina de discutir con profundidad respecto a este proyecto que estos días está tratando el Congreso es lo que en definitiva debería preocuparnos a los ciudadanos: si pasar de un modelo privado y en muchos casos concentrado de medios de comunicación a un sistema de medios con mejor distribución pero con una gran concentración estatal (que en los hechos es del gobernante de turno) va a traernos algún beneficio o mejorar, al menos, las restricciones que la comunidad tiene para estar informada de la mejor manera posible y con acceso a programas y contenidos de calidad. Y aquí es necesario reconocer que en términos de calidad tanto Canal 7 como el canal Encuentro manejan contenidos interesantes y de nivel con un clara orientación a la educación, mientras que en términos periodísticos no pueda decirse lo mismo. Sobre todo en cuanto a pluralidad de ideas. Y en este sentido es necesario reclamar algo que Argentina no tiene y este proyecto tampoco contempla: que los medios del estado tengan un funcionamiento similar por ejemplo a la BBC de Londres que más allá de la renovación de las autoridades nacionales, provinciales o municipales (como sería en nuestro caso) los medios son manejados de manera independiente. De tal modo que quienes gobiernan pueden incorporar un representante de su gestión pero no pueden dirigir de manera absoluta los medios públicos ni nombrar de manera unilateral sus autoridades. Este sistema garantiza continuidad en las políticas y los contenidos de los canales y radios del estado y limita la tentación de que los gobiernos los ejerzan de una manera autoritaria y arbitraria. Si lo que nuestro país busca es pasar de un monopolio y oligopolio privado a uno estatal, aunque conceptualmente y en términos abstractos resulte más simpático lo segundo, también podría convertirse en un gran despropósito y un perjuicio para el país si el proyecto no contempla reglas claras. Hoy los riojanos sin esta ley ya sufrimos el discurso único, la falta de pluralidad y una restringida libertad de expresión en los medios públicos que maneja la provincia. Esto sin entrar a analizar las restricciones y presiones que sufren los medios privados que dependen en casi un cien por ciento de la pauta oficial que se distribuye sin criterios normativos y en base a la cara del cliente. Otro dato a tener en cuenta es que los representantes nacionales y locales de La Rioja, tanto en el Congreso Nacional como en los organismos legislativos provinciales y municipales, están en ascuas. Ninguno de los dirigentes políticos que ocupan cargos de relevancia hizo una declaración, un análisis y mucho menos fijó una postura clara sobre este proyecto, salvo repetir lo que dicen los legisladores kichneristas nacionales. Ni un solo referente político local fue capaz de analizar la situación de los medios riojanos de una manera profunda, seria y responsable. Es imprescindible que nuestros representantes miren un poco la realidad local sobre los medios de comunicación para también poder analizar una ley nacional. La Rioja hoy tiene serios condicionamientos para que la ciudadanía acceda a la información y para que los medios se consoliden de manera independiente. Sin embargo, hasta el momento solo los concejales de la Capital emitieron un comunicado adhiriendo a los planteos del proyecto oficial nacional. Pero con un defecto más que relevante: de La Rioja casi ni opinan y mucho menos realizan propuestas. Aunque el reclamo sectorial por aparecer en los medios locales –especialmente en Canal 9- viene desde hace años. En la época en que gobernaba Ángel Maza eran permanentes. Y si se pensó que cambiaría luego, gran error: en las elecciones del 2007 las denuncias de las minorías fueron permanentes. Incluso en esa misma época la senadora Ada Maza se sorprendía y criticaba la censura del gobierno provincial cuando apenas unos meses antes su sector gozaba de las mismas prebendas que propiciaba su hermano. Para las elecciones del 28 de junio sucedió algo similar aunque con algunas curiosidades: el sector de Julio Martínez denunció la censura al candidato a diputado nacional en el canal provincial, aunque por el contrario si aparecía su compañero de lista para el estamento local, Guillermo Galván. Mientras que como ejemplo de denuncias más recientes puede recordarse el reclamo que las asambleas ambientalistas les hicieron a las autoridades del canal con el apoyo del delegado del INADI, Emilio Lucero, solicitando que les difundan sus actividades y declaraciones respecto al medio ambiente y a la minería. En definitiva, nuestros representantes en los organismos legislativos no dijeron ni dicen nada de estas y otras limitaciones a nivel local, pero anuncian su adhesión ciega al proyecto nacional de la nueva ley de medios. Una nueva ley es necesaria pero entiendo que la caridad bien entendida empieza por casa.

Paulina Carreño DataRioja