NESTOR KIRCHNER Y SU RESTRICCIÓN GRADUAL DE LAS LIBERTADES.

El proyecto sobre medios y la intimidación a Clarín son eslabones de una cadena de hechos marcada por el autoritarismo. El llamado modelo al que el ex presidente Néstor Kirchner convocó a profundizar se ha caracterizado, entre otros aspectos objetables, por una erosión gradual de las libertades políticas y económicas. El proyecto de ley de medios audiovisuales es un eslabón más en la cadena de hechos que marcan una senda cada vez más autoritaria. El operativo del que participaron unos 200 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la sede del diario Clarín , aparentemente motivado por la necesidad del poder político de exhibir su capacidad de coacción, es un indicador más del camino autoritario elegido por el Poder Ejecutivo, basado en la intimidación y la prepotencia, como de su nulo interés por la libertad de prensa. El chavismo que colorea este gobierno no sólo deviene de su alineamiento internacional sino de un estilo y de acciones contrarias a los principios de la república y de las libertades y derechos establecidos en nuestra Constitución. La sujeción de las mayorías parlamentarias al poder central ha expuesto con crudeza el uso de formas compulsivas e inhibitorias, cuando no la compra crematística de la voluntad de legisladores o de los gobernadores que los lideran. La manipulación de la Justicia es otro ejemplo de este camino que roza el totalitarismo. En nuestro caso, quienes no se consideran hoy libres de dictar sus sentencias son los jueces cuando la cuestión toca personas o intereses del poder o a su particular visión parcial y sesgada sobre los derechos humanos. La compulsión del kirchnerismo ha contado con un arma eficaz: el Consejo de la Magistratura, manejado por personeros del poder con capacidad de imponer decisiones por su poder implícito de veto. Tanto la remoción de jueces como su designación han mostrado cuál es la orientación del castigo, así como la del premio en el momento de la selección. Las restricciones a la libertad de opinar se impusieron con singular empeño a los propios funcionarios del Poder Ejecutivo. El primero en aprenderlo, en 2003, fue el propio vicepresidente Daniel Scioli, de quien deben lamentarse luego sus muestras acabadas de sometimiento. Otros funcionarios también conocieron el rigor. Algunos fueron despedidos, otros eligieron renunciar voluntariamente y muchos otros optaron por alinearse obedientemente. El escaso respeto presidencial por la opinión de los miembros del Gobierno se evidencia en la total supresión de las reuniones de gabinete. En más de seis años, las conferencias de prensa presidenciales se han podido contar con los dedos de una mano. Además, en las escasas oportunidades en que ocurrieron, se prohibieron las repreguntas y en aquellas conducidas por Néstor Kirchner se trató burlona y agresivamente a periodistas con el aplauso y eco risueño de una corte de adulones. Fue la misma técnica y estilo de los ataques personales en sus frecuentes peroratas desde el atril de la Casa de Gobierno. La erosión de las libertades se observa claramente en la creciente intervención estatal en las relaciones económicas y contractuales. La acción intimidatoria del secretario de Comercio Guillermo Moreno registra hechos patéticos que merecieron ser relatados en un libro escrito por dos periodistas de este diario. No sólo se limitó severamente la capacidad de fijar precios, sino que se sometió a las empresas a obligaciones y restricciones totalmente ajenas a la libertad de comerciar que asegura nuestra Constitución. Hay amplios sectores de la producción que hoy necesitan permisos para importar o exportar bienes, aunque ello esté relacionado con el funcionamiento o la detención de sus máquinas. Las regulaciones se han multiplicado y, junto con estas intervenciones, ha proliferado la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Es la experiencia que muestra la historia del mundo cuando los gobiernos avanzan sobre las libertades, aun cuando ello ocurra bajo argumentos ideológicos de pretendido idealismo. Lo notable en el caso argentino de los últimos seis años es que esta tendencia se ha producido en el marco de continuos alegatos sobre la democracia, la defensa de los derechos humanos y la protección de los más pobres. Paradójicamente también se apeló al concepto de libertad pero para reducirla. La primera contrarreforma previsional, llevada a efecto en marzo de 2007, para derivar aportes al necesitado sistema estatal de reparto se fundamentó hipócritamente en la libertad de elegir. Un año y medio después, la supresión manu militari del sistema de capitalización y el traspaso compulsivo de sus afiliados al régimen estatal implicó el desconocimiento más palmario de aquella alegada libertad. La erosión de las libertades se enfrenta al peligro de la falta de reacción ciudadana debido a su adaptación a un proceso gradual. Es como el experimento de la rana que, colocada en un recipiente con agua caliente, salta y escapa inmediatamente de él, pero si se la echa en agua tibia y se la calienta de a poco, no reacciona y muere hervida.