CARLOS MENEM Y CAVALLO SERIAN SOBRESEIDOS EN UNA AÑEJA CAUSA.

La Cámara Nacional de Casación Penal puso al ex presidente Carlos Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo a las puertas del sobreseimiento en una causa en la que ambos están procesados por "peculado" por la presunta venta de una plaza pública en el barrio de Retiro a "precio vil". La Sala Tercera de la Cámara, con las firmas de los jueces Ángela Ledesma, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, dispuso suspender el trámite de la causa, que lleva más de 17 años, y "verificar, a tenor de la legislación más benigna, si la acción penal todavía se encuentra vigente". El fallo devuelve el expediente a la Sala Primera de la Cámara Federal, que en mayo de 2008 dictó los procesamientos de Menem, Cavallo y una ex funcionaria del Ministerio de Economía, María Fernanda Márquez Miranda. La Cámara los había procesado por "peculado", figura que contempla una pena máxima de hasta diez años de cárcel, por la venta, en agosto de 1992, de un terreno fiscal en Retiro, en el que hasta 1967 había una plaza y en el que luego fue construido un Centro de Abastecimiento Municipal (CAM) y hoy funciona un mercado. El predio está situado frente a la terminal de trenes de la línea Mitre, en Retiro; tiene una superficie de 1.695 metros cuadrados y allí estuvo emplazada la Plaza Salvador María del Carril, que a finales de los años 60 cedió su espacio a ferias municipales. Sin adentrarse en el fondo de la cuestión, la Casación detectó que a lo largo de más de tres lustros "ni siquiera ha quedado en claro la situación del inmueble... cuyo estudio de título y peritajes han recargado de datos esta causa". En 1990, mediante el decreto 1757 -de Reforma del Estado y Emergencia Económica-, el gobierno de Menem dispuso "la regularización de los inmuebles del Estado que se encuentren en condiciones de ser vendidos adjudicándolos en primer término a quienes se encuentren en relación jurídica con él". Sobre la base de esa norma el terreno fue vendido a la empresa Nuevo Retiro, integrada presuntamente por los feriantes, en 400 mil dólares, lo que fue considerado por la Cámara Federal como "precio vil". La Casación no se pronunció sobre esa consideración: un paso antes, dispuso que "deberá interrumpirse el trámite del proceso en esta instancia" para determinar si la causa está prescripta por el paso del tiempo. Más aún: en su voto, el juez Eduardo Riggi destacó que "el prolongado tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos que se investigan autoriza a examinar la cuestión de la subsistencia de la acción penal desde la perspectiva del derecho a ser juzgado en un plazo razonable". "La posible afectación de la garantía no se encuentra justificada ni pierde entidad por la calidad de funcionarios públicos de los acusados, quienes no por ello carecen de la misma protección que el ordenamiento constitucional y supralegal acuerda a todos los individuos por igual", añadió. De tal forma, la causa podría ser cerrada no sólo por prescripción, sino por el excesivo paso del tiempo que supera holgadamente la expresión "plazo razonable", explicaron a DyN fuentes judiciales.