El diputado nacional Jorge Yoma (Frente para la Victoria) fue el principal defensor de los intereses de La Rioja, su provincia, frente a los planteos de Mendoza contra la promoción industrial. Consultado por Los Andes, Yoma celebró la decisión que tomó la Cámara Federal al dejar sin efecto la cautelar dictada por el juzgado federal de San Rafael que frenó la aplicación del régimen de beneficios impositivos en las cuatro provincias. Yoma explicó que en forma "inmediata" las cuatro provincias beneficiadas por el decreto 699/2010 firmarán el convenio correspondiente con la Nación para que se empiece a aplicar la prórroga a la promoción industrial y un nuevo régimen hasta 2027. "El convenio con La Rioja está redactado. Sólo estábamos esperando que se destrabara el tema judicial. Por eso la semana pasada La Rioja fue a la Corte nacional y realizó un planteo porque se estaba demorando la aplicación de una norma como es un decreto de la Presidenta", añadió el diputado nacional. Según Los Andes, el gobernador Celso Jaque no gana para disgustos. El viernes puso punto final al conflicto que el mismo Ejecutivo provocó con la intención de tercerizar Rentas y ahora ingresó en otra encrucijada. La Cámara Federal de Mendoza desestimó el amparo presentado el año pasado por la Cámara de Comercio sanrafaelina en contra del decreto nacional 699/10 que prorrogó la promoción industrial para las provincias vecinas por 15 años más. Tras la resolución de la Justicia Federal mendocina, la Nación tiene el camino allanado para extender los beneficios impositivos hasta 2027 a San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Desde los territorios favorecidos así lo entienden y ya se alistan para sellar los convenios a la brevedad. El viernes al mediodía la entidad empresaria sureña recibió la notificación. Según explicó Pablo Asens presidente de la institución, la Cámara Federal desestimó el recurso porque entiende que "el perjuicio para Mendoza no es tal" como se alegó y, además, porque "la Cámara de Comercio no tiene legitimidad para arrogarse la defensa de los intereses de la provincia y el sector empresario mendocino", detalló. "Es una falta de respeto para una entidad que tiene 92 años de trayectoria, una de las más antiguas de la Argentina" dijo molesto Asens. Para el presidente de la entidad, "que consideren que no tenemos legitimidad es una ofensa. Es una sentencia arbitraria y lo único que demuestra es que el poder político sigue influyendo sobre el Poder Judicial. Esto nos lleva a decir que no tenemos seguridad jurídica" y así "no hay ganas de invertir", remarcó. El 20 de mayo de 2010 Cristina Fernández firmó el decreto que permitió extender en las 4 provincias vecinas un régimen impositivo diferenciado que estaba en terapia intensiva y a punto de desaparecer. Mendoza acudió a la Corte nacional y solicitó la inconstitucionalidad del 699/10 además de interponer una medida cautelar para congelar los efectos de la pieza legal hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo. Por esas cosas del destino, y las necesidades financieras de la provincia, Jaque aceptó desechar la acción judicial para ingresar al plan de desendeudamiento que lanzó la Nación por aquellos días. El anuncio oficial nada dijo de ese punto y en cambio se presentó a los mendocinos un supuesto decreto ampliatorio del 699/10 que permitiría a 7 departamentos contar con promoción industrial y, a los otros once, acceder a beneficios impositivos particulares.Finalmente, nada de eso ocurrió y el único freno al decreto presidencial era el amparo presentado por la entidad sanrafaelina al que había hecho lugar el ahora ex juez Federal, Raúl Acosta. El rechazo de la Cámara Federal a esa medida asestó un duro golpe al Ejecutivo y al justicialismo a 3 meses y medio de las elecciones. Ayer la única voz oficial que se escuchó fue la de Fernando Simón. El subsecretario Legal y Técnico fue el encargado de transmitir algo de tranquilidad. "Sin duda, es un tropezón pero falta mucho. Esa resolución no está firme. Hay 10 días hábiles para contestar pero, más la feria judicial, se va a un mes. El argumento de la Justicia es poco sostenible", acotó. Asens reclamó la colaboración activa del titular del Ejecutivo: "Nosotros no vamos a claudicar en esta lucha y será mejor si el gobernador nos acompaña". En tanto, recordó que "no estamos en contra de los beneficios para las provincias", pero reclamó "no volver a estar marginados. El Ejecutivo nacional tiene que definir qué quiere hacer con la promoción; necesitamos un sistema equitativo". Los integrantes de la Cámara sureña y el Ejecutivo han mantenido contactos informales y se espera que en los próximos días se reúnan para estudiar los pasos a seguir. Según Simón, la estrategia es recurrir por medio "de un recurso extraordinario" que deberá resolver la Corte Suprema. Insiste que "el decreto no está vigente".
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