La vicepresidente de la UCR, y precandidata a diputada nacional por el Frente Cívico, fue recibida en Capital Federal por el Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, a quien puso en conocimiento de la ilegalidad en la constitución del máximo órgano judicial de la Provincia y la designación del Fiscal General. La audiencia, tramitada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, tuvo lugar la semana próxima pasada, oportunidad en la que Inés Brizuela y Doria, mantuvo una reunión con el Dr. Juan Mínguez, en su carácter de Adjunto de la Defensoría, y llevó a conocimiento del organismo, la grave situación por la que atraviesa la Justicia riojana. “Se ha violentado el orden jurídico vigente en la Provincia para constituir un tribunal de amigos -expresó Brizuela y Doria-. La ilegalidad es manifiesta, y constituye una clara muestra de la arbitrariedad característica del régimen que gobierna La Rioja. Las tres funciones del Estado provincial, han concretado una maniobra propia de épocas oscuras del pasado argentino, aplicando una norma inexistente para justificar la inobservancia del procedimiento reglado en el decreto 473/04, que debía cumplirse en forma previa al ejercicio de la facultad del gobernador de proponer los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Fiscal General”, expresó Brizuela y Doria. Recordó que el decreto 473/04 dictado durante el gobierno de Angel Maza, y rubricado por el actual gobernador, establece un procedimiento de publicidad previo a la propuesta que el gobernador debe elevar a la Cámara de Diputados para la designación de los miembros del Tribunal. Este procedimiento, prevé la posibilidad de conocer los antecedentes de los postulantes y formular oposiciones, y se fundamenta en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.“Su dictado es contemporáneo a la presidencia de Néstor Kirchner, quien para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó una actitud diametralmente opuesta a la del gobernador riojano”, indicó. “El ex Presidente convocó a los más notables académicos y juristas de renombre nacional e internacional. Todo lo contrario de lo que hicieron en la Provincia”, observó el Dr. Mínguez. “La violación de la Ley de Ética de la Función Pública vigente en la Provincia, es otra circunstancia que nos llevó a solicitar la nulidad de las designaciones efectuadas. Un diputado por Capital, votó a favor de la designación de su hermano como integrante del TSJ, situación prohibida por la mencionada ley”, remarcó Brizuela y Doria. La dirigente radical hizo entrega en la Defensoría de una copia de la acción de amparo planteada en la Justicia riojana, y solicitó que el organismo nacional tome cartas en el asunto. “Los riojanos no tenemos garantías de justicia imparcial, si quienes deben hacer cumplir las leyes y la Constitución, han violentado las mismas, para llegar a ocupar dichos cargos. Nos encontramos en un total desamparo”, finalizó
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