En horas del mediodía, el Ministerio de Educación de la Provincia, encabezado por su titular Walter Flores, respaldó de manera institucional el accionar que lleva adelante la Junta Única de Evaluación de Títulos y Antecedentes del Educador de Nivel Obligatorio (JUETAENO). Esta manifestación se produjo en conferencia de prensa, junto a integrantes del gabinete de la cartera educativa y miembros de la junta de clasificación. La misma fue motivada por una nueva acción legal interpuesta por el gremio AMP, sobre supuestos certificados adulterados presentados por algunos docentes. Con el informe de los peritos actuantes, se determinó la investigación administrativa y en función de eso se pasarán las actuaciones a la junta de disciplina, organismo que tiene la responsabilidad de juzgar la conducta de los docentes, y eventualmente en el caso que así se determine, el ministerio efectuaría una presentación ante la justicia. Al respecto, el ministro Walter Flores afirmó que, en cuanto a los legajos observados se seguirá trabajando, y sostuvo que “en ese sentido nuestro ministerio ordenó una investigación administrativa, que conlleve al proceso iniciado hace tiempo y en función de lo que determinó la convención colectiva” y señaló que ahora “se cumplió con la instancia de recepción del informe de los peritos”.El funcionario dijo que se continuará con el proceso de investigación, y aquellos docentes que deban ser sancionados, lo serán a través de la junta de disciplina, y eventualmente en el caso que las acciones así lo determinen, a través de la Dirección Legal y Jurídica se hará una presentación en la justicia, si hay algún ilícito cometido. En la oportunidad, el ministro entregó copias de la resolución Nº 873 mediante la cual se determinó la investigación administrativa sobre el tema de los legajos. El documento posee fecha 12 de junio. Asimismo, Flores señaló que “ésta no es la primera vez que se detecta una situación de este tipo”, y sostuvo que “más allá de lo periodístico, quienes iniciamos la investigación fuimos nosotros, el Ministerio de Educación y la ratificamos con los diferentes actos administrativos. Al respecto agregó que una de las características de su gestión fue la de trasladar la transparencia de las capacitaciones docentes en todas las instancias. Amplió esto diciendo que la formación docente inicial se incrementó durante esta gestión a cuatro años, por imperio de la ley nacional y de la ley provincial de educación, afirmando también que esto debe completarse con la capacitación brindada, fundamentalmente, desde los institutos de formación docente, a los cuales estamos tratando de adecuar en cuanto al cumplimiento de sus roles, esto es formación docente inicial, continua, investigación y extensión. Luego reiteró que “estamos seguros que el camino que hemos iniciado es el correcto, y en este caso, las investigaciones a través de las instancias administrativas primero y luego de la justicia, son las que van a determinar si existe o no culpable, en lo que pueda ser una certificación adulterada o no”. “Nosotros como Función Ejecutiva, no podemos sancionar si no están las pruebas y el derecho de defensa ejercido por cada uno de los actores”, afirmó y aseguró que “vamos a actuar con todo el rigor de la ley como siempre lo hemos hecho, aunque a veces no se haya conocido por los medios de comunicación, y con diferentes actores del sistema educativo, sean afiliados a AMP o a cualquiera de las otras asociaciones gremiales”. Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Rita Abdala hizo referencia a la ampliación de la acción judicial presentada por AMP, donde incluyen a su persona, y expresó que “llama la atención que frente a una acción institucional, haya una respuesta de individualización y personalización”. Explicó que un órgano colegiado como es la JUETAENO, es la que entiende en el tema, es decir, posee la preservación, inscripción, y llamado a concurso docente, y ha tomado una decisión en base a un proceso inicial de revisión de certificados posiblemente adulterados. En ese proceso, indicó que se decidió la participación de peritos para la investigación, la cual se concretó, y arrojó un resultado técnico, sobre algunos certificados de dudosa procedencia. Es por eso que el ministro (Flores) dispuso una investigación administrativa para determinar los autores del hecho, con el fin de realizar un sumario administrativo y la denuncia penal. Aseguró que se procedió como Estado, siguiendo todos los pasos que la legalidad establece, “por eso no entendemos este ensañamiento a nivel personal, porque esta es una acción institucional”. Asimismo, recordó que la junta es un órgano colegiado, y no una persona, donde los gremios independientes tienen representación, y las decisiones que se toman son de todos los miembros y no de una sola persona. La presidenta de la Junta Única de Evaluación de Títulos y Antecedentes del Educador de Nivel Obligatorio (JUETAENO), Nelly Llanos, dijo que todos los miembros están trabajando, abocados a realizar el padrón definitivo, que estaría listo para la semana próxima, es así que a partir del día lunes se haría la publicación del mismo. Resaltó que de acuerdo al informe de los peritos, en los casos de los certificados observados se están descontando los puntajes. El área legal del ministerio está trabajando en lo inherente a las presentaciones que están haciendo en su defensa, cada uno de los docentes. La asesora letrada del organismo, Gabriela Brizuela, explicó que a los docentes, sobre los cuales informaron los peritos documentólogos que poseen alguna alteración, sólo se les ha descontado la valoración de esos certificados y se los va a incluir en el padrón definitivo, en virtud de un principio constitucional, que es el principio de inocencia. Puntualizó que todavía no hay pruebas suficientes que determinen la autoría de los docentes en este tipo de irregularidades, lo cual se pretende conocer con la investigación administrativa. Por lo tanto, dijo que aplicarles una sanción en este momento, sería adelantarse en los pasos administrativos que hay que seguir, y judiciales si correspondiere. “Es así que garantizando los derechos de los docentes, y el Estado como garante que debe velar por el cumplimiento de los principios constitucionales, se decidió la inclusión de estos en el padrón”, expresó. Añadió que “esto no quiere decir que se está encubriendo a nadie, debido a que todavía no hay datos concretos, no hay una manifestación en culpabilidad ni en inocencia. Además si hay personas, instituciones o docentes que quieran realizar denuncias concretas, la junta está abierta a esto, y a recibir este tipo de reclamos”. A su turno, el subsecretario de Coordinación Administrativa, Gustavo Varas, remarcó que también es motivo que se encuentre presente todo el equipo ministerial, para respaldar el procedimiento realizado por los miembros de la junta de clasificación, “obramos consecuentemente en virtud de la ley, y de los procesos legales y administrativos correspondientes”. De acuerdo a la norma jurídica y los principios constitucionales de quienes deben participar para el próximo concurso, dijo que han intervenido distintos estamentos administrativos y legales, donde se debe solicitar el correspondiente asesoramiento, en este caso la Asesoría General de Gobierno, y es por eso que se procedió de tal manera. Indicó que el origen de la investigación dese este Ministerio de Educación, se procedió a la incorporación de los peritos, y simbólicamente se abrieron las puertas a la junta de clasificación para que distintos observadores puedan ver la procedencia de cada uno de los certificados presentados. Finalmente expresó su apoyo hacia la secretaria de Gestión Educativa, Rita Abdala, y resaltó que “no trabajamos en beneficio de alguno, sino que desde el sistema educativo se gobierna para todos, y en eso queremos que se cumpla con los principios de justicia y de participación”.
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