Lo que pocos conocen sobre la llamada ley de medios (26.522) es que incluye dos artículos (154 y 155) que prevén la exclusión de más de 30.000 locutores de oficio en todo el país, y alrededor de 500 tan sólo en nuestra provincia, por el hecho de no contar con la matrícula que los habilita para ejercer dicha actividad. El 10 de octubre de 2011 se cumplieron tres años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde que entró en vigencia, su aplicación se ha visto condicionada por distintas medidas cautelares, tendientes a impedir la ejecución del artículo 161, que establece límites en la cantidad de licencias para medios audiovisuales y radiales, y el artículo 30, que permite a las cooperativas constituirse como licenciatarias. A partir de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en 2009 la presentación del proyecto en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta su posterior aprobación en el Senado, el 10 de octubre del mismo año, un intenso debate mediático sobre la norma ocupó horas y horas en radios y televisión, además de llenar toneladas de hojas de diarios y revistas. Lo que pocos conocen sobre la también llamada ley de medios (26.522) es que incluye dos artículos (154 y 155) que prevén la exclusión de más de 30.000 locutores de oficio en todo el país, y alrededor de 500 tan sólo en nuestra provincia, por el hecho de no contar con la matrícula que los habilita para ejercer dicha actividad. El artículo 154 establece que “transfiérese al ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), destinado a la realización y promoción de estudios, investigaciones, formación y capacitación de recursos humanos relacionados con los servicios de comunicación audiovisual, por sí o mediante la celebración de convenios con terceros. Equipárase al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) a los institutos de educación superior contemplados en la ley 24.521 y sus modificatorias. Funcionará bajo la dependencia de la autoridad de aplicación que nombrará a su director”. Mientras que el artículo 155 dice que “la habilitación para actuar como locutor, operador y demás funciones técnicas que, a la fecha, requieren autorizaciones expresas de la autoridad de aplicación, quedará sujeta a la obtención de título expedido por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), las instituciones de nivel universitario o terciario autorizadas a tal efecto por el Ministerio de Educación y su posterior registro ante la autoridad de aplicación”. Un año antes de que se sancionara la ley, un grupo de locutores comenzó a reunirse en la ciudad de Córdoba para analizar el panorama incierto que se presentaba para quienes no poseían carnet y que veían peligrar su fuente laboral. Tras la aprobación, se decidió formar la agrupación Locutores Por Su Identidad (LPSI-CiSPren), que fue pionera en la Argentina en el tratamiento de esta problemática. Cecilia Achaval, integrante de la Comisión de Prensa de LPSI, explicó que la "Ley de Comunicación Audiovisual impulsa un nuevo escenario de múltiples voces en el país, pero, paradójicamente, limita la libertad de trabajar de los locutores de oficio, ya que la norma insiste en la habilitación y pone en riesgo la fuente laboral de 30.000 en todo el país". Ante este panorama, los miembros de la mencionada agrupación, con el apoyo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren-CTA), iniciaron una serie de acciones tendientes a lograr la regularización de todos los trabajadores y evitar posibles sanciones a futuro. Para ello, solicitaron en 2010 a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la liberación de la matrícula "para todos los locutores idóneos del país". De igual modo, LPSI requirió la "aplicación de las medidas necesarias para que se establezca la capacitación y actualización de los locutores" en ámbitos de la universidad pública -con acceso universal y gratuito- a los efectos de que "no se limiten las oportunidades de formación y trabajo a ningún ciudadano". En forma paralela, se está impulsando la habilitación de la Carrera de Locutor Nacional, Pública y Gratuita, en ámbitos de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. En este sentido, Víctor Beccaría, secretario Adjunto del CiSPren, afirmó: "cada vez que la Presidenta se refiere a la ley de medios destaca que promueve la pluralidad de voces y nosotros no podemos dejar de pensar en la situación problemática en la que se encuentran los locutores idóneos, que han sido excluidos". "Desde el CiSPren estamos convencidos de que no tiene que existir un carnet para poder trabajar. Es la postura histórica que ha tenido este gremio para con el trabajador de prensa en general", aseveró el dirigente gremial.
Por su parte, el prestigioso locutor y productor cordobés Paul Guzmán, delegado de LPSI, reconoció que "lo que nosotros buscamos es visibilizar esta problemática para lograr entre todos una solución, porque hasta ahora la única manera de obtener la habilitación en el interior del país es cursando de manera privada y con aranceles que parten de los 700 pesos mensuales". Además, el también Secretario de Acción Social del CiSPren recordó que "en el último año tuvimos varios acercamientos y muchas promesas de parte de las autoridades, pero ninguna definición. El tema está bastante paralizado, un poco por el inicio de la temporada estival y otro tanto por el cambio de gobierno, ya que aún no se han definido los puestos centrales en AFSCA". "Los dirigentes que receptaron nuestros planteos, entre ellos Gabriel Mariotto (ex titular de AFSCA), hoy tienen otras prioridades", se quejó. Al ser consultado sobre la conflictiva situación que atraviesan numerosos locutores, Guzmán comentó que, "por más que acrediten tener años de trabajo en prestigiosos medios de comunicación y agencias de publicidad, y estén saliendo al aire en la actualidad, en muchos casos los tildan de ilegales y les exigen que dejen de trabajar para darles lugar a los matriculados". Finalmente, añadió que desde LPSI "estamos promoviendo que algunas universidades privadas contemplen la idoneidad del locutor y le permitan hacer un curso acelerado para recibirse". Sobre las tratativas con AFSCA, Guzmán precisó que "se está impulsando que salga una resolución que habilite la realización de cursos a distancia por Internet a los efectos de obtener el carnet habilitante en cada localidad del país. El planteo incluye el caso puntual de muchos locutores que pueden acreditar más de 20 años de trabajo, a quienes se les permitiría acceder a un examen que los habilite.
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