PROMOCIÓN INDUSTRIAL CUENTA REGRESIVA PARA EL FIN DEL RÉGIMEN FISCAL.

Es que está a poco más de un mes de caer, por ahora la Nación no se decide a prorrogarlo, pese a que 500 empresas de La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis dependen de ello. El costo fiscal de prorrogar el régimen sería sólo de $800 millones anuales para la Casa Rosada, casi la mitad de los $1.471 millones que gastará el kirchnerismo para sostener el programa Fútbol para Todos en 2013. Según las cámaras empresarias, sin las ventajas impositivas, estas provincias dejarán de ser competitivas. El régimen de promoción industrial, que benefició el desarrollo en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca mediante ventajas impositivas, está a poco más de un mes de caer y por el momento no hay intenciones del Gobierno de prorrogarlo. En ese contexto, y luego de infinidad de gestiones por parte de los gobernadores ante la presidenta Cristina Fernández, son las cámaras empresarias y los representantes sindicales de esas cuatro jurisdicciones los que tomaron cartas en el asunto y comenzaron a presionar y advertir que podrían perderse muchos puestos de trabajo si no se prorroga el esquema de beneficios, que ya lleva 33 años de vigencia. La Presidenta emitió en 2010 el decreto 699 que extendía por dos años el régimen a las empresas que ya estaban instaladas en la región y también ofrecía ventajas impositivas en cargas sociales para todos aquellos nuevos emprendimientos, desde ampliaciones de fábricas ya existentes o nuevos desarrollos. La extensión propuesta en esa norma era para que las ventajas continúen durante 2013 y 2014, ya que a la mayoría de las empresas se les vence a fin del mes próximo.Sin embargo, ese decreto nunca quedó operativo porque el gobierno demoró su reglamentación, que consistía en un convenio de adhesión que debía firmar cada una de las cuatro provincias. Según los empresarios, hay una posición contraria a la continuación del régimen por parte de los técnicos. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Pezoa, fue uno de los que frenó la puesta en marcha del decreto debido al costo fiscal que insume (unos $ 800 millones anuales) y a las necesidades actuales de caja. Para lograr el objetivo y evitar más conflictos con otras provincias (luego de lo ocurrido con La Pampa y Mendoza, que presentaron recursos ante la Justicia a raíz del decreto) las compañías proponen que, como mínimo, se les mantenga el beneficio a las empresas ya radicadas en la región. “Ello evitaría que pueda haber una dislocación de una planta de una provincia a otra. Buscamos preservar las fuentes de trabajo actuales y la competitividad de los parques industriales”, afirmó el secretario de la Unión Industrial de San Luis, Diego Leal. Actualmente, son 500 las firmas que gozan de las ventajas impositivas. Preocupadas por el impacto que la caída del régimen puede causar en los puestos de trabajo, las CGT de San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca enviaron a mediados de mes una carta a la Presidenta en la que le pidieron la reglamentación del decreto. “Sabemos que es la única que puede dar respuestas a esta situación de crisis y peligro que vemos en muchas de nuestras industrias”, comienza la misiva. Según las cámaras empresarias, sin las ventajas impositivas, las provincias dejarán de ser competitivas para la radicación de industrias debido a los altos costos que insume estar lejos de los grandes centros de consumo. “Va a haber empresas que van a concentrar su actividad en otras zonas”, dijo Leal. “ Hubo 33 años de sacrificio fiscal y se logró desarrollar las provincias con muchísimos parques industriales, ¿van a tirarlo todo por la borda porque los técnicos no se ponen de acuerdo?”, se preguntó el vicepresidente de la Unión Industrial de La Rioja y miembro del comité ejecutivo de la UIA, Jorge Sorabilla.