El ex asesor presidencial de Carlos Menem, el empresario Emir Yoma y el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Daniel Paulik, se negaron a prestar declaración indagatoria en el juicio en el que se investiga el escándalo de la venta de armas al exterior. "Voy a mantenerme en mi derecho de no declarar", dijo el ex aviador quien se identificó como "militar retirado con la jerarquía de brigadier general" y respondió "negativo" cuando el presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres (TOPE3) le preguntó si tenía procesos penales pendientes. Tras la negativa de Paulik de prestarse a la indagatoria, tal como se lo asesoró su defensor Jorge Edwin Torlasco, se leyeron por secretaría sus declaraciones en la etapa instructoria, tras lo cual fue el turno del ex cuñado presidencial quien también se rehusó a declarar. "Por consejo de mis abogados momentáneamente no voy a declarar", afirmó Yoma quien dijo ser "argentino, nacido en La Rioja", tener por ocupación "comerciante del rubro cueros", vivir junto a su mujer y cuatro hijos, en un departamento del piso 39 de un edificio de Libertador al 4400 y tener un ingreso de "treinta mil pesos mensuales". Tal como lo hizo el viernes último el ex presidente Carlos Menem, su ex cuñado solicitó autorización para retirarse tras dar sus datos y prefirió no quedarse a la lectura de las declaraciones que prestó en primera instancia, como sí lo hizo Paulik quien escuchó atentamente esos documentos. Allí Paulik había afirmado que "nunca estuvo involucrado en un hecho delictivo ni una falta administrativa", que la Fuerza que comandaba "no tuvo participación" en las maniobras investigadas y que los aviones salieron de las bases aéreas con "todo en regla". Distinto será el temperamento que adoptará el ex ministro de Defensa Oscar Camilión quien sí accederá a ser indagado y contestar las preguntas, en la audiencia fijada para el 27 de febrero próximo, según lo anticipó a Télam su abogado defensor José Ignacio Garona. El viernes último el actual senador Menem compareció por primera vez ante el TOPE3, que lo juzga por contrabando agravado de material bélico a Ecuador y Croacia, pero se negó a declarar aduciendo que considera "nulo" el juicio ya que había planteos de su defensa sin resolución. "Habida cuenta de que hay cuestiones pendientes apeladas he resuelto no prestar declaración indagatoria en esta audiencia", fueron las breves palabras que dijo ser de estado civil "divorciado", no tener "antecedentes" penales y desempeñarse como "senador nacional por La Rioja". La citación de Menem convocó a gran cantidad de periodistas y público en la Sala de Audiencias, a diferencia de lo ocurrido en esta jornada en la que sólo su hermano Omar y su cuñado, el ex periodista Jorge "Chacho" Marchetti, acompañaron a Yoma a los tribunales de la zona de Retiro. Previo a la negativa de Menem, su abogado Maximiliano Rusconi había requerido la "nulidad del requerimiento de elevación a juicio" de la fiscalía y la querella" argumentando que hubo "inexistencia de dolo" en la firma de los decretos que autorizaron la venta de armas. Rusconi también había recusado al camarista Horacio Artabe, pero todos sus planteos fueron desestimados por el TOPE3 que dispuso que continuase el proceso que comenzó en el mes de octubre último y cuya finalización es difícil de prever. Junto al ex presidente, a Yoma, a Paulik y a Camilión, en este juicio también están imputados el ex vendedor de armas Diego Palleros, Enrique De La Torre, ex director de seguridad Internacional de Cancillería y Mauricio Musí, ex director de coordinación empresaria de ese ministerio. Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares (FM), Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Antonio Vicario y Julio Sabra, ex gerentes y directores de FM también están entre los imputados. Los camaristas Artabe, Gustavo Losada y Luis Imas, integrantes del TOPE3 también tienen en los sitiales de los acusados a Teresa Irañeta de Canterito, ex jefa de abastecimiento; a Jorge Cornejo Torino, ex director fábrica militar de Río Tercero; y a la ex verificadora de Aduanas María Teresa Cueto. El "objeto procesal" del juicio, en el que se prevé escuchar alrededor de 400 testimonios, son los decretos firmados entre 1991 y 1995 que autorizaban ventas de armas a Panamá, Venezuela y Bolivia que terminaron en Ecuador (pese a que Argentina era garante de paz entre Ecuador y Perú) y Croacia (pese a la existencia de un embargo dispuesto por las Naciones Unidas)
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