El secretario municipal de Hacienda y Obras Públicas de municipio, Pablo Fernández Pugliese, responsabilizó a ATE por la confección del listado de recategorizados, y a la Provincia por el no pago de los aportes jubilatorios. Luego de que varios concejales redujeran conceptualmente a una “ayuda económica” ese pago, y afirmaran que no representa ninguna mejora en su situación previsional ya que no se realizan aportes, Fernández Pugliese brindó la posición del Ejecutivo. Frente a las opiniones vertidas por concejales sobre la “recategorización segmentada” de los municipales, el secretario de Hacienda y Obras Públicas, realizó una revisión retrospectiva del proceso de recategorización, señalando que tiene un marco regulatorio distinto del decreto ley 3870. Precisó que las ordenanzas dictadas en 1993 y aplicadas desde 1994 prevén para los municipales chileciteños “la conformación de una especie de paritaria integrada por el gremio de ATE, representantes del Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal”. “El decreto que dispone las promociones de categorías tiene fecha de octubre del 2007 –explicó Pugliese-- la imposibilidad de que la Provincia envíe los fondos para afrontar este proceso recategorizador, nos ha llevado a una huelga de prácticamente un año de duración. “Comenzamos un diálogo con el gremio, que terminó en una conciliación obligatoria. La subsecretaría de Trabajo de la Provincia homologó un convenio, donde el ofrecimiento que el Ejecutivo Municipal le hizo al gremio fue de una masa de dinero disponible en virtud a la reconducción del gasto, que no podía sobrepasar los 100 mil pesos”. Agregó que a fin “de evitar los comentarios de politización de los empleados en la selección de los que efectivamente recibirían el pago, decidimos ofrecerle al gremio la posibilidad de seleccionar a los compañeros de trabajo beneficiados. En asamblea, ATE decidió que los beneficiados serían aquellos que se encontraban con relevo de funciones a diciembre del año 2007 y aquellos que presentaban una enfermedad crónica”. Para el funcionario “el mejor criterio es que sus propios compañeros ejerzan la selección y si el gremio ATE está reconocido por ordenanza para intervenir en el proceso, es lógico que sea el mismo gremio quien eleve el informe (listado)”. Atribuyó las quejas y críticas a que “seguramente algunos estarán disconformes porque tuvieron que volver a trabajar después de un año sabático, y algunos fueron dejados para después, pero nunca excluidos”. Admitiendo las dificultades financieras que afronta la gestión Fonzalida, afirmó no querer que “nadie sienta agresión, porque no está en nuestra voluntad, pero tampoco podemos dar más, seguramente que son reclamos justos. No podemos dar lo que no tenemos”. Respecto a los ediles que se hicieron eco de las críticas, Fernández Pugliese sostuvo que “el Concejo debería estudiar la posibilidad de reformular el marco legal de las recategorizaciones. Nosotros con el pago que acordamos y cumplimos, sólo obedecimos un mandato legal dispuesto en una ordenanza vigente y que establece un procedimiento respetado, incluso en distintas gestiones. La facultad de legislar es del Concejo y este debería hacerlo si no comparte criterios”. “No voy ha opinar sobre los calificativos peyorativos a la tarea desarrollada. El petardismo preelectoral suele no ser buen consejero”, sentenció Fernández Pugliese. En relación con los aportes, el Secretario sostuvo “que el Ejecutivo presentó la documentación en el ministerio de Hacienda, para que la Provincia que es la única empleadora ante el ANSES, los declare y al respecto mantuvo una conversación con el ministro Guerra, estamos a la espera de una repuesta”. Según Fernández Pugliese “la presentación está hecha en tiempo y forma ya que primero se paga y luego de aporta. No sabemos la repuesta de la Provincia, por ello no adelanto criterios, pero sí es importante remarcar que desde el momento que el acuerdo se logró con intervención de la subsecretaria de Trabajo, la Provincia ya no es ajena”, agregó.
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