viernes, 3 de abril de 2009

FINALMENTE LA RIOJA ADHIRIÓ AL FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

La Legislatura sancionó este viernes la ley de adhesión de La Rioja al fondo federal solidario, que repartirá en las provincias el 30 por ciento de los recursos que la Nación recaude por las retenciones a las exportaciones de soja. Durante la sesión extraordinaria realizada en el seno del Concejo Deliberante, los 23 diputados que integran la unicameral Legislatura aprobaron el decreto de urgencia que había emitido la semana pasada el gobernador Luis Beder Herrera. Esa ley habilita a la provincia para comenzar a recibir la coparticipación de las retenciones a las exportaciones de soja, como lo dispuso la Nación. Se calcula que La Rioja recibirá poco mas del 2 por ciento del 30 por ciento que, a lo largo del año, el gobierno nacional distribuirá sobre los ingresos por los impuestos a las exportaciones sojeras. Es porque la Nación aplicará la misma alícuota que aplica para repartir la coparticipación federal de impuestos. A su vez, la ley provincial determina que el gobierno local deberá administrar el 70 por ciento de los fondos que reciba y distribuir entre los municipios el 30 por ciento restante. En todos los casos, los recursos solo pueden ser destinados a financiar obras de infraestructura. Del 70 por ciento de los fondos que le corresponden al Ejecutivo provincial, un 25 por ciento pasará a integrar un fondo que maneja el Ministerio de Infraestructura destinado a realizar obras en las comunas, según una modificación hecha por los legisladores sobre el proyecto del gobierno y que el diputado Mario Guzmán Soria consideró como una ‘modificación de forma y no de fondo’. Los fundamentos fueron expuestos por el diputado Julio Pedroza, quien puso de relieve “los buenos ojos” con que fue vista la coparticipación de las retenciones a la soja, criticò a los legisladores nacionales que rechazaron la Resolución 125, destacó que los recursos llegarán “por goteo automático como la coparticipación”, y los consideró necesarios para incrementar la infraestructura de salud, educación, energìa, vial, hìdrica y sanitaria, cuantificando los recursos en 132 millones anuales. De inmediato, el diputado Jorge Machicote, aunque luego votó a favor de la sanción porque “todo recurso es necesario”, cuestionó la medida de la presidente Cristina Kirchner parafraseando que fue dictada de necesidad y urgencia. Al respecto sostuvo que la necesidad del Gobierno nacional “es tener de rehenes a las provincias y la urgencia, la de ganar las próximas elecciones”. Abriendo una polémica que encendió el debate, recordó que hacía justo un año la Cámara había solicitado la coparticipación de todas las retenciones y otros impuestos como el que se aplica al cheque, lo que sí consideró un “acto de justicia” que La Rioja debe seguir reclamando. Machicote afirmó que esto “es para seguir teniendo de rehén a las provincias, según el mal humor de la familia Kirchner”. “Los gobernadores son necesarios a este esquema de poder –afirmó con vehemencia- que nada tiene que ver con la doctrina peronista”. También enfatizó que el 30% prometido por la Nacion “es un engaña pichanga, porque nos corresponde el 46 por ciento. Y si aceptamos hoy es porque lo necesitamos para comer pero significa la miseria de mañana”. Recordó además que los Kirchner prometieron muchas obras que no cumplieron: “con Maza, prometieron 10.000 viviendas y lo único que construyeron es un hospital infantil que tendremos que pasar a la Nacion porque no podremos mantenerlo”. Además afirmó que el crédito de 98 millones prometido al intendente Ricardo Quintela “no se concretó”. ¡Basta de vivir de rodillas!, exclamó finalmente. El guante fue recogido en primer término por el diputado Américo Barrios que efectuó un reconocimiento a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por la asistencia que brindan a la Provincia, seguido por José Luis González quien recordó que el senador Carlos Menem habìa pedido también la coparticipación de las retenciones. Según los ingresos que podría recibir la provincia durante el año, se especula que la Capital podría obtener por las retenciones a la soja unos 38 millones de pesos ‘extras’ al año y, el segundo municipio en importancia demográfica, Chilecito, unos 14 millones.

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