CUANDO EL ESTADO NO EXISTE EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO QUE CASTIGA A LOS MAS POBRES.

El país entero se vio conmovido hace pocos días por la declaración de un grupo de sacerdotes católicos acerca de los estragos que el avance perverso de la droga está causando en los barrios más pobres de la ciudad. El documento, titulado "La droga en las villas, despenalizada de hecho", fue firmado por 19 ministros de la Iglesia que viven y ejercen su actividad pastoral permanentemente en las villas de emergencia porteñas. Horas después de haberse conocido ese valiente testimonio, tomó estado público la escalofriante noticia de que el padre José María Di Paola, de permanente y celebrada actuación en la villa 21, de Barracas, había sido amenazado de muerte, presuntamente por sectores criminales vinculados estrechamente a los intereses del narcotráfico. Los "curas villeros", como se los denomina popularmente, han encontrado, por supuesto, un indeclinable respaldo moral de las autoridades de la Iglesia y de los núcleos más sanos y responsables de la población. El martes último, además, 353 sacerdotes activos de la arquidiócesis de Buenos Aires se solidarizaron con sus colegas que trabajan en las villas y así lo manifestaron en una encendida declaración de apoyo y solidaridad. Se advierte, al mismo tiempo, la existencia de una firme corriente de opinión pública que no vacila en brindar su apoyo a esa generosa y enérgica movilización de los sacerdotes. Pero creemos que eso no basta, que eso no es de ninguna manera suficiente. Creemos imprescindible que la sociedad civil en su conjunto, sin distinción de credos, sectores ni banderías, debe movilizarse sin demora en una gigantesca y ejemplarizadora demostración de solidaridad frente a esa monstruosa agresión a los derechos humanos que se está perpetrando en las franjas más vulnerables y desprotegidas de la comunidad. No necesitamos demasiada imaginación para construirnos una idea del futuro tenebroso que les espera a los niños y adolescentes de las comunidades más carenciadas si no se encuentra rápidamente un modo de frenar la destrucción física y moral que el narcotráfico les está provocando, especialmente a partir de la comercialización del paco, esa invención verdaderamente demoníaca cuya penetración en los mercados más pobres y desprotegidos se acentúa día tras día. No estamos ante un problema menor. Estamos ante un desafío que está en condiciones de aniquilar las bases morales y físicas de nuestra sociedad y de provocar un daño irreversible al sistema de valores y principios sobre el cual se sustenta la vida social argentina. Nadie puede ni debe permanecer ajeno a la movilización estructural que el país está necesitando para detener la ofensiva implacable de ese enemigo interior que, por su poder y voracidad, merecería ser asimilado al más sangriento y temible de los invasores externos que pueden llegar a minar las energías de una nación. Los argentinos tenemos una deuda con las generaciones venideras y no podemos mantenernos impasibles cuando un conjunto de intereses siniestros está montando el más infernal de los tinglados para condenar al exterminio físico y mental a una parte sustancial de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra juventud. Y eso está ocurriendo en las entrañas mismas de nuestra vida social, en barrios relativamente céntricos de la ciudad, en los cuales el Estado se ha declarado ausente, desertando inexplicablemente de sus deberes esenciales en materia de salud, seguridad y protección social. Nada es tan urgente hoy como reconstruir el Estado en aquellas zonas urbanas que necesitan imperiosamente su presencia. El mensaje de los curas villeros ha puesto el dedo en una de las tareas más imperiosas que el país tiene por delante. Mucho más urgente que proclamar candidaturas testimoniales o instar a la población a emitir votos estratégicos destinados a asegurar la perduración de aparatos clientelistas desgastados es movilizar sistemas sólidos y seguros que liberen a la juventud de los tentáculos ominosos del narcotráfico. Hacia ese rumbo debe orientarse hoy el reclamo de la sociedad frente a un Estado que no parece tomar conciencia de los valores que están en juego detrás de la ignominiosa aventura del paco.