EL GOBIERNO DESIGNO A LOS FISCALIZADORES DE AGUAS DE LA RIOJA.

El gobierno designó a dos fiscalizadores por parte de la provincia en la empresa Aguas de La Rioja SA, quienes empezarán a cumplir sus funciones específicas en la concesionaria desde mañana lunes 7. Paralelamente, la auditoría general continúa “trabajando a pleno”, pero ya se conocen informes previos que, junto a la inminente llegada de la época estival, determinaron que el gobierno acelere la adopción de medidas para mejorar la prestación del servicio, se informó oficialmente. Mediante el decreto 1097, el Ejecutivo nominó al ingeniero Carlos Ariel Andrade con potestad de fiscalizar y aprobar la disposición de todos los recursos económico financieros de la empresa, “cualquiera sean su fuente y causa obligacional”. La aprobación previa será requisito necesario para la concreción de cualquier erogación de recursos de la empresa; y a Adolfo Héctor Scaglioni, quien tendrá la potestad de fiscalizar, proponer y coordinar acciones concernientes a la operación, mantenimiento y ampliación del servicio público a cargo de la citada empresa; quienes actuarán en coordinación con el director en la empresa por parte de la provincia, Ing. Germán Gracia. Cabe recordar que Scaglioni fue secretario de Turismo, titular de la Casa de La Rioja en Buenos Aires y responsable de Relaciones Institucionales en la administración del ex gobernador Ángel Maza. Además lideró la toma de la Legislatura en el 2006 en el marco de la disputa entre Maza y el actual gobernador Luis Beder Herrera. Luego jugó para el sector de Luis Beder Herrera como congresal en el PJ, para que el actual mandatario sea quien encabece la mesa de conducción. Así dio muestras de acercamiento que terminaron en un cargo en el Estado provincial. El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra confirmó que ambos funcionarios se harán cargo este lunes y explicó que la medida se adoptó en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 1011 del pasado 14 de agosto, que determinó la realización de una auditoría general a la empresa y condicionó la ayuda financiera del Estado solicitada por Aguas de La Rioja SA al control y supervisión del manejo de la concesionaria por parte de personas designadas por el Gobierno. Guerra indicó que la auditoría que lleva a cabo el gobierno en la empresa concesionaria del agua “está trabajando a pleno”. Explicó que ya hay informes previos y, en su momento, se evaluarán los resultados, pero “hay que dejarla trabajar porque hay que analizar mucha documentación”. “La auditoría continua, hay un cúmulo de información que se está procesando; hay más información que se ha solicitado y que la empresa la estará preparando para presentarla, seguramente”, agregó el ministro. Paralelamente se está auditando la parte técnica y de servicios que es desarrollada por personal de la Secretaría del Agua, “donde también convergen datos de suma importancia para el análisis de las funciones sustanciales de la empresa”. Recordó el ministro que el decreto 1.011 condicionaba a la empresa a crear una dependencia dentro de su estructura a cargo de una persona designada por el gobierno “para que tuviese funciones de disposición”. “Con estas designaciones se perfecciona esa figura y se les define claramente las atribuciones y funciones que tendrán”, acotó. “Todo esto que está haciendo el gobierno tiene un gran fundamento”, dijo Guerra y explicó que “tenemos en frente y muy cerca el período estival por lo que la preocupación es atender la problemática y que la respuesta del servicio a la comunidad sea la apropiada”. “Esto demuestra a las claras la preocupación del Estado Provincial para mejorar la calidad del servicio de distribución de agua potable en toda la provincia", indicó. “Lo que importa es el servicio y a eso se apunta”, dijo Guerra y agregó que “con esto se inicia una segunda etapa dentro de este proceso de acción de tomar cartas en el asunto de Aguas de La Rioja”. El instrumento legal del Ejecutivo señala la necesidad de asegurar el contralor estatal de los recursos que pudiere aportar y los del propio giro comercial de la empresa, por cuanto se debe priorizar la regularidad y continuidad del servicio público, tutelando y anteponiendo los intereses esenciales de la población respecto a este tipo de prestaciones. Tras indicar que la empresa, mediante nota 344/09 aceptó la nominación de personas por parte del Estado provincial, expresa que siguiendo el criterio sustentado en el decreto 1.011, es propósito designar a los fiscalizadores por parte de la provincia para actuar en la empresa Aguas de La Rioja SA, que tengan potestad sobre las decisiones que se adopten en lo referente a los recursos económico-financieros de la empresa, como las relativas a las actividades de operación, mantenimiento y ampliación del servicio público, determinando además las atribuciones que tendrán a su cargo.