El Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el Racismo, INADI, Delegación La Rioja, presentó en una conferencia de prensa la recomendación general sobre discriminación a consumidores de drogas prohibidas. El documento del INADI apunta a evitar la criminalización y estigmatización del adicto y a facilitar su acceso al sistema de salud, la educación sanitaria sobre el uso de estupefacientes y la comprensión social sobre su condición. El INADI recomendó, al Congreso de la Nación, que “se sancione una ley que despenalice la tenencia de estupefacientes para consumo personal por su manifiesta inconstitucional, al violentarse mediante tal criminalización el principio de no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y la salud y que se instrumenten acciones afirmativas con relación a los grupos vulnerados y hasta ahora criminalizados por el consumo de estupefacientes”. Por su parte solicitó al Ministerio de Salud que “arbitren los medios a fin de estudiar la implementación de una política de asistencia, atención y acercamiento de los consumidores al sistema de salud”.Además se recomendó a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, como el Ministerio Público Fiscal, Fuerzas de Seguridad y Poder Judicial, que “se arbitren todos los medios a su alcance a fin de perseguir los delitos de narcotráfico y distribución de estupefacientes con todo el énfasis y esfuerzo que tal persecución demanda”.Al respecto el titular del INADI La Rioja , Marcelo Lucero sostuvo que “luego de 19 años de vigencia de la Ley 23.737 y el régimen prohibicionista la demanda de estupefacientes no ha decrecido sino que ha ido paulatinamente en aumento, paralelamente con la persecución, la criminalización y discriminación de los/las tenedores y consumidores de estupefacientes”. También señaló que “el poder punitivo selecciona preferiblemente la persecución y criminalización de los tenedores de estupefacientes para consumo personal en vez de conductas de mayor gravedad como el narcotráfico”. Lucero señaló que “la debilidad de los controles y las tramas de corrupción que persisten en el aparato estatal favorecen la operatoria de las mafias y recalcó que la prioridad represiva debe estar concentrada en este sector, el cual motoriza la presencia y el acceso a las sustancias ilícitas”. Al respecto la presidenta del INADI, María José Lubertino sostuvo que “quienes tienen alguna adicción son perjudicados porque al ser tratados como delincuentes se los aleja del sistema de salud”, aseguró Lubertino. En el Mapa de la Discriminación en Argentina, más del 42% de la población encuestada dijo estar de acuerdo con la afirmación: “La mayoría de los/las drogadictos/as son delincuentes”. Ese prejuicio demuestra la actitud discriminatoria para las personas usuarias o consumidoras de drogas”, señaló el INADI. El documento dado a conocer por el INADI también señala que la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal a su vez ha generado un estereotipo negativo de peligrosidad de los consumidores, sobre todo si estos pertenecen a sectores sociales de menos recursos económicos, señalándolos como “delincuentes marginales”. “La estigmatización se trasforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas sanitarios de salud, a la educación y vulnerando el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a trabajar”, sostuvo el titular del INADI. El Estado tiene una deuda pendiente con los adictos, ya que no brinda un tratamiento sanitario adecuado para la recuperación de la adicción que afecta a los chicos y adolescentes.
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