jueves, 3 de septiembre de 2009

LA CTA LA RIOJA APOYA LA LEY DE MEDIOS "K".

Docuemtno difundido por la seccional La Rioja de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
La Ley de Radiodifusión de nuestro país, dictada por la última dictadura militar, lleva ya casi 30 años de vigencia. Una norma que fue funcional a la Doctrina de la Seguridad Nacional y también a las sucesivas políticas neoliberales. No fueron pocas las voces que se alzaron en su contra en todos estos años, desde 1983 a esta parte se presentaron alrededor de 50 proyectos de ley que, en la mayor parte de los casos, durmieron en algún cajón del Congreso o transcurrieron sin pena ni gloria. A partir de algunas reformas, durante el período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, se relizaron modificaciones a la norma que reconfiguraron el mapa mediático. El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características. Nuestro país está todavía muy lejos de contar con un sistema de medios más solidario. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol y garantizar la diversidad cultural y el pluralismo. El siguiente artículo plantea un recorrido por la legislación en materia de radiodifusión desde la última dictadura militar hasta el día de hoy. No pretende dar cuenta de todos los decretos y de cada una de las modificaciones a la Ley hechas en los últimos años, el objetivo de estas líneas es hacer un panorama del mapa mediático argentino y dejar la puerta abierta para las modificaciones necesarias. Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente. Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. Es inadmisible la exclusión de importantes sectores a la radio y la televisión. Necesitamos medios públicos fuertes, al servicio de todos y no de los gobiernos de turno. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental.

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