El combate continúa.
¿Puede acaso ser derrotado el Poder Ejecutivo en la nueva contienda en torno a los medios de comunicación? Es claro que el período que se extiende hasta el 10 de diciembre constituye la última oportunidad para que el oficialismo pueda imponer en el debate legislativo su actual mayoría. Después de aquella fecha no podrá aplicar su dominante concepción sobre el Congreso, pero tendrá en sus manos el poderoso instrumento del veto total o parcial de las leyes para impedir que los legisladores le tuerzan el brazo. De hecho, en los últimos días asistimos a un ensayo general de lo que podría sobrevenir. El Poder Ejecutivo logró que la mayoría prevaleciese en la renovación de los poderes delegados y, al mismo tiempo, provisto del recurso constitucional del veto, doblegó la pretensión de eliminar provisoriamente el pago de retenciones en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la Presidencia hizo uso de dos facultades: una mayoría disciplinada en el Congreso y una contundente facultad de impedir. Estas palancas han puesto en movimiento una iniciativa política que, se creía, había sufrido el 28 de junio un tropezón electoral de proporciones. Por si esto fuera poco, con otro golpe imprevisto, varios dirigentes dieron el salto que los condujo de los rangos de la oposición a las filas del Gobierno. Como se ve, la habilidad de sacar conejos de la galera, lejos de disminuir, se acrecienta. ¿Eran esperables estos desplazamientos? Probablemente sí, entre otros motivos porque la historia de la política representativa está plagada de estos ejemplos. En tiempos de la Revolución Francesa, desde las bancas altas de la Asamblea, Danton condenaba con voz tonante (algo que no le costaba mayor esfuerzo) a los diputados que, como un "vientre", se expandían o contraían según las circunstancias. Siempre habrá oportunistas, y no solamente por ser mediocres o venales. Winston Churchill recordaba que el tránsito de un miembro del Parlamento de un partido a otro era más sencillo para los franceses que para los británicos. En la Asamblea francesa, diseñada en forma de hemiciclo como la nuestra, bastaba con desplazarse con leves movimientos de las bancas de izquierda hacia las de derecha, o viceversa. En el Parlamento inglés era más difícil, dado que había que atravesar el pasillo que separaba la bancada oficialista del bloque opositor (él mismo había traspuesto en una ocasión ese endiablado pasaje). Entre nosotros, el asunto no merece metáforas digestivas ni alguna comparación mordaz. No obstante, los desplazamientos abundan, y la opinión pública comprueba, con desaliento y sin demasiado interés, que en este reñidero las piezas son intercambiables. Es posible que el espacio para maniobrar se haga más estrecho después del 10 de diciembre, aunque nada invalidaría, por ahora, la hipótesis de que, en la Argentina, la astucia de la captación suele reemplazar al difícil arte de pactar compromisos entre partidos con claro perfil ideológico. En nuestra política de dirigentes móviles, esa clase deseable de pluralismo está mucho más nublada. Estos instrumentos se pondrán en juego con motivo del debate y eventual respaldo al proyecto de ley de difusión audiovisual. El planteo tiene varias aristas, en especial la vinculada con la tradición "ejecutiva" de nuestra política, como la llamó Joaquín V. González en LA NACION hará el año próximo un siglo. El Poder Ejecutivo manda a caballo de esta arraigada tradición. En estos días, en consonancia con temperamentos de moda en Iberoamérica, se trata de mandar sobre los medios de comunicación y de controlarlos con el expediente de renovar licencias cada dos años, justo en el momento -presumimos- en que podrían tener lugar los comicios para elegir autoridades. A partir de 1983, el ritmo de elección de autoridades cada dos años ha sido vertiginoso y, en no pocas oportunidades, crítico. Ahora, para echar otros ingredientes a la marmita, se nos ofrece un proyecto que, a primera vista, expresa buenas intenciones. ¿Qué mejor camino, dirán algunos, que dividir de manera tripartita el espectro audiovisual distinguiendo el sector público del privado comercial y éste del ámbito correspondiente a la sociedad civil? La pregunta podría revestir interés siempre que tengamos la honradez de poner sobre la mesa dos tendencias persistentes. La primera nos conduce a la fusión del Estado y el gobierno; la segunda, a un imaginario control sobre la sociedad civil. En ambos casos lo que pretende prevalecer es el dictado de los oficialismos de turno. Si las licitaciones de las frecuencias quedan en manos del Poder Ejecutivo, es altamente probable que este poder no actúe con el criterio universal de un Estado en forma, sino con el propósito de favorecer a clientes y amigos políticos e ideológicos. Esta confusión hace que el Estado, en la Argentina, se ponga al servicio de las facciones que un gobierno cobija, en lugar de representar, con la mayor equidad posible, el arco plural del país entero. También las dudas sobrevienen cuando se busca legislar sobre el llamado tercer sector, caracterizado por las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. Tal vez en este campo resida un importante potencial de cambio, en la medida en que reciba el abono del desarrollo espontáneo de la libertad. Una sociedad civil carente de semejante resorte es una materia dócil, pronta a ser moldeada por los gobiernos. No hay que confundir, en efecto, sociedad civil con sociedad corporativa. Si aquélla debería formarse gracias al principio eficiente de la asociación voluntaria, la sociedad corporativa resultaría más bien de la ordenación de determinadas actividades merced a los privilegios que otorga el Estado. En este proyecto de ley sobre radio y televisión, las fronteras no están tan claramente delimitadas como, por ejemplo, en la ley vigente de asociaciones profesionales con el sindicato único por rama de actividad, norma que la Corte Suprema ha cuestionado sin consecuencia alguna hasta el momento. En realidad, el juego entre el poder y las asociaciones (ONG, fundaciones, cooperativas, etc.) es aquí más sutil, porque se ubica en la frontera difusa en que se desenvuelven favoritismos y prebendas. Para adjudicar este tipo de frecuencias, al Gobierno sólo le interesa que lo dejen hacer, concentrando los procesos adjudicatarios en un Poder Ejecutivo con escaso control administrativo y parlamentario. Entonces, en nombre de la libertad de comunicación, cobraría cuerpo el artificio de poner en órbita satélites que girarían en torno a los favores del Príncipe. Si a estos medios de comunicación de la sociedad civil se les ocurriera actuar con independencia (lo mismo acontecería con los medios de naturaleza comercial) sobrevendrían amenazas y coacciones apuntaladas por el método de renovación de concesiones cada dos años. Poco antes de su muerte, el generalísimo Franco sostenía que dejaba tras de sí el legado de un régimen "bien atado". Un designio semejante parece planear sobre nosotros en estos días: atan con premura lo que todavía se puede atar. El espacio de las comunicaciones se convierte así en un campo de batalla en el cual avanzan, a paso redoblado, las acciones de superficie en las oficinas gubernamentales y los escraches y las propagandas de baja estofa contra los medios seleccionados como enemigos. Otro capítulo de un argumento de sobra conocido: el proscenio donde se habla y el subsuelo donde se disparan violencias. Difícil escenario, pues, para el espíritu constructivo.
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