DIPUTADOS IMPULSAN DEROGAR LA ADHESIÓN A LA DESFEDERALIZACIÓN DE LOS ESTUPEFACIENTES.

Los diputados Nicolás Martínez (Arauco), Néstor Bosetti (Capital) y Délfor Brizuela (Capital) presentaron un proyecto de ley, con el fin de promover la derogación de la ley que adhirió a la provincia en la desfederalización de la competencia judicial en materia de estupefacientes. Se trata de la ley provincial 7.893 con más sus modificatorias y prórrogas, en particular la ley 8.273 derogada por la ley 8.464 y éste última, vigente, prorrogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.710 del 16 de diciembre de 2009. Según los legisladores, los delitos sobre estupefacientes tienen una extensión geográfica interprovincial e interjurisdiccional a donde no llega la competencia provincial. Por lo cual es preferible que queden en la órbita federal. Si se admitiera la competencia provincia, sería fácil para los narcotraficantes eludir la persecución de las autoridades provinciales con sólo cruzar el límite interprovincial, dicen. La justicia federal, en cambio, tiene competencia en todo el territorio de la República y cuenta con el auxilio de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, extendidas en todo el territorio nacional, afirman. Las fuerzas federales de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal cuentan con mayor especialización técnica y mayor experiencia con el combate contra el narcotráfico. Por lo tanto están en mejores condiciones para seguir investigando el narcotráfico y por ello es preferible que esta materia quede en la órbita de la justicia federal. Consta que en el momento presente se está equipando con helicópteros, laboratorios de análisis químicos de estupefacientes y de personal especializado. Sería un despropósito privarnos de ese equipamiento al quitarle la competencia, fundamentan. De acuerdo con la ley nacional 26.052, artículo 2°, que modifica al artículo 34° de la ley 23.737, la competencia federal sigue siendo la regla general en materia de estupefacientes, y la competencia de la justicia provincial sería la excepción, en caso de adhesión, para delitos menores. En caso de duda sobre la competencia, prevalece la justicia federal (artículo 4° ley 26.052). Esta concurrencia de competencias puede ser fuente de numerosos conflictos de competencia entre los jueces provinciales y federales que darán como resultado una demora y dispendio jurisdiccional en la resolución de los mismos con ventaja para los narcotraficantes, explican. Tan conveniente es la competencia federal que la gran mayoría de las provincias no han adherido a la ley 26.052. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que si adhirió, se oyen voces críticas sobre el fracaso de la medida. La Rioja adhirió pero nunca puso en ejecución esta medida por su notoria inconveniencia. Por ello sería preferibles derogar una norma que se ha mostrado inconveniente ya antes de su aplicación, resaltan. Sobre las razones a favor de la desfederalización de la competencia judicial en materia de estupefacientes, se afirma que ello permitiría la intervención de los jueces provinciales y de la Policía de la Provincia, agregando mayor cantidad de personal en la investigación y castigo del narcotráfico. Sin embargo, la Policía de la Provincia ya está interviniendo bajo las órdenes del juez federal o actuando de oficio en caso de flagrancia con comunicación inmediata al juez federal. Por lo tanto es falso que se agreguen cuando ya lo están haciendo. La intervención de los jueces provinciales agregaría confusión y engorro porque se perdería la necesidad unidad de conducción con más los previsibles conflictos de competencia y la lentificación en la resolución de las causas, apuntan. En la provincia de La Rioja estamos inmersos en un proceso de reforma y actualización judicial en la materia procesal penal. Lo cual trae consigo un tiempo de adaptación al nuevo sistema, con capacitación y ocupación del personal. En ese contexto, resulta oportuno un nuevo problema, como es la investigación y represión del narcotráfico, que también requiere de una adecuación de los operadores judiciales. Es otro motivo en apoyo de la conveniencia de que las causas sobre estupefacientes queden en la órbita de la competencia federal, comentan. Existe una razón de índole sociológica que abona la tesis de la preferencia de la competencia federal en materia de narcotráfico. Ella es que si son las autoridades locales quienes deban investigar los delitos sobre estupefacientes, el carácter local es un factor adverso porque coloca a las mismas en el peligro del tráfico de influencias derivado del ostensible trato familiar que reina en los pueblos chicos, como es el nuestro. Por ello, es preferible la distancia que marca una autoridad federal en este delicado tema. Sin perjuicio de los controles constitucionales a los que ésta también debe ser sometida, manifiesta finalmente.