OFENSIVA KIRCHNERISTA POR LAS DENUNCIAS EN EL SENADO.
Molesto por la proliferación de denuncias sobre supuestos sobornos en la Cámara alta, el bloque de senadores kirchneristas decidió pasar a la ofensiva y presentará hoy una denuncia penal para que la Justicia investigue las acusaciones que varios dirigentes de la oposición vienen lanzando desde hace más de una semana contra la Casa Rosada. El escrito llevará la firma de los 31 miembros del bloque oficialista, que ayer sufrió la renuncia de uno de sus integrantes, y tiene por objeto obligar a que se planteen en sede judicial las sospechas de corrupción en el Senado que a través de los medios vienen alimentando legisladores del arco no kirchnerista. Si bien anoche no estaba concluida, fuentes oficialistas de la Cámara alta anticiparon que la denuncia hará hincapié en la serie de declaraciones que han sembrado dudas sobre el comportamiento a la hora de votar de varios senadores desde que el oficialismo perdió la cómoda mayoría que ostentaba en el Senado. "La idea es que ratifiquen o rectifiquen las barbaridades que dijeron", afirmó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro). Según el legislador, las acusaciones forman parte de "una campaña para estigmatizar" a quienes apoyan al Poder Ejecutivo, y apuntó de manera directa como responsable de ese plan a la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió. "Hoy hay en marcha una empresa en la Argentina: Demoliciones Carrió SA", ironizó Pichetto. De esta manera, el kirchnerismo obligará a plantear en sede judicial sus denuncias a los diputados Felipe Solá (Peronismo Federal) y Carrió, y a los senadores Josefina Meabe (Liberal de Corrientes) y los radicales Emilio Rached y Gerardo Morales, entre otros. Esta presentación no hace más que traducir la molestia que han provocado las denuncias sobre la supuesta compra de votos por parte del Poder Ejecutivo. Este malestar no es potestad del oficialismo, ya que el lunes último el senador Samuel Cabanchik (ProBaFe-Capital Federal) presentó un proyecto de declaración en el que exige que los denunciantes ratifiquen o rectifiquen sus dichos. Las sospechas sobre la compra de votos en el Senado surgieron la semana pasada, en una charla-debate en la Exposición Rural en la que Solá dijo que "cuando el Gobierno tiene dificultades, sale de shopping por el Senado" para obstruir las iniciativas que impulsa la oposición. En el mismo panel estaba la senadora Meabe, quien minutos antes había abierto el juego de las sospechas al afirmar que "el Gobierno usa en el Senado un mecanismo que nosotros, en la oposición, no podemos solventar". La más directa fue Carrió, quien, fiel a su estilo filoso y directo, afirmó poco después que "el Gobierno compra senadores". La "campaña" de denuncias, según la visión del kirchnerismo, se completó esta semana con la revelación del senador Rached de que, en las horas previas a la votación de la resolución 125, en julio de 2008, había recibido mensajes de texto anónimos ofreciéndole dinero a cambio de que apoyara al Poder Ejecutivo. "Recibí un mensaje de texto anónimo donde me decían «pedí lo que quieras»", afirmó anteayer el legislador santiagueño, quien justificó en la ausencia de un destinatario el hecho de que no hubiera presentado la denuncia ante la Justicia en aquel momento. Cabe recordar que Rached se convirtió en el voto contrario a la resolución 125 que empató la votación en 36 senadores por bando. Esto fue lo que le permitió al vicepresidente Julio Cobos romper esa igualdad y hundir el esquema de retenciones agropecuarias que venía aplicando el Poder Ejecutivo y que había generado un conflicto de casi cinco meses con las patronales agropecuarias.
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